De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y de la Ley 4/1999, que modifica parcialmente la citada Ley 30/1992, se notifica a la persona que se relaciona en el anexo, en su condición de interesado, la propuesta de resolución que formula el instructor, por los hechos señalados, presumiblemente constitutivos de una infracción de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas, (en lo sucesivo LC), y de su reglamento (en lo sucesivo RC).

Lo que se le comunica al interesado de conformidad, con los artículos 19.1º del R.D. 1398/1993 y 194.10º del Reglamento de costas, para que en el plazo de quince (15) días, a partir de la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Galicia, pueda obtener las copias de los documentos obrantes en el expediente que estime oportunos y formular las alegaciones y presentar los documentos que crea pertinentes ante el instructor del procedimiento.

Pontevedra, 29 de enero de 2001.

José Luis Díez Yáñez

Delegado provincial de Pontevedra

ANEXO

Expediente número: 85.1/99.

Interesados: José Luis Pérez Rodríguez y Mª Pilar Outeiriño Aguiar.

Condición: propietarios actuales.

Último domicilio conocido: c/ Mestre Monte, nº 6, 3º D, Vigo.

Fecha de la propuesta: 23-11-2000.

Hechos: instalación de una casa prefabricada y cierre de parcela.

Lugar: As Aceñas.

Ayuntamiento: A Illa de Arousa.

Propuesta: en aplicación de los artículos 95.1º y 97.1º de la LC y artículos 179.1º y 180 b) del RC, se propone la imposición, a José Pérez Fernández, en su condición de promotor, de una multa de seiscientas diecinueve mil setecientas diez pesetas (619.710 pesetas), que deberá abonar ingresando en la cuenta nº 2091-0388-90-3110001181 de la oficina de Caixa Galicia en Pontevedra, la citada cantidad, desde que sea definitiva en vía administrativa la resolución que recaiga y que se le ordene volver los terrenos en los que se ejecutó la obra objeto de este expediente a su primitivo estado, debiendo realizarlo en el plazo de un mes, desde que sea definitiva en vía administrativa la resolución que sobre el particular recaiga. Transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplimen

tado lo ordenado, se le impondrá una multa coercitiva por importe de sesenta y una mil novecientas setenta y una pesetas mensuales (61.971 pesetas) hasta su total ejecución, procediéndose a su ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y a su costa, caso de que éste no lo lleve a cabo.