De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y de la Ley 4/1999, que modifica parcialmente la citada Ley 30/1992, se notifica a la persona que se relaciona en el anexo, en su condición de promotor, la propuesta de resolución que formula el instructor por los hechos señalados, presumiblemente constitutivos de una infracción a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas, (en lo sucesivo L.C.) y de su reglamento (en lo sucesivo R.C.).

Lo que se le comunica al interesado de conformidad con los artículos 19.1º del R.D. 1398/1993 y 194.10º del Reglamento de costas, para que en el plazo de quince (15) días, a partir de la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Galicia, pueda obtener

las copias de los documentos obrantes en el expediente que estime oportunos y formular las alegaciones y presentar los documentos que crea pertinentes ante el instructor del procedimiento.

Pontevedra, 27 de noviembre de 2000.

José Luís Díez Yáñez

Delegado provincial de Pontevedra

ANEXO

Expediente número: 76.6/94.

Denunciado/a: Luís Rocafort Quintero.

Condición: promotor.

Último domicilio conocido: Punta Seame, Playa de Canelas-Portonovo (Sanxenxo).

Fecha de la propuesta: 10-10-2000.

Hechos: construcción de vivienda.

Lugar: Punta Seame, Playa de Canelas-Portonovo.

Ayuntamiento: Sanxenxo.

Propuesta: en aplicación de los artículos 95.1º y 97.1º de la L.C. y artículos 179.1º y 180 b) del R.C., se propone la imposición, a Luís Rocafort Quintero, en su condición de promotor de una multa de quince

millones novecientas ochenta y seis mil seiscientas dieciséis pesetas (15.986.616 pesetas), que deberá abonar ingresando en la cuenta número 2091/0388-90-3110001181 de la oficina de Caixa Galicia en Pontevedra, la citada cantidad, desde que sea definitiva en vía administrativa la resolución que recaiga y que se le ordene volver los terrenos en los que se ejecutó la obra objeto de este expediente a su primitivo estado, debiendo realizarlo en el plazo de un mes, desde que sea definitiva en vía administrativa la resolución que sobre el particular recaiga. Transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplimentado lo ordenado se le impondrá una multa coercitiva por importe de un millón quinientas noventa y ocho mil seiscientas sesenta y una pesetas mensuales (1.598.661 pesetas) hasta su total ejecución, procediéndose a su ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y a su costa, caso de que éste no lo lleve a cabo.