El conselleiro de la Presidencia y Administración Pública dictó, en fecha 1 de diciembre de 2000, resolución estimatoria del recurso formulado por Miguel Ángel Martín Fernández contra la Resolución de 7 de julio de 2000, por la que se hacen públicas las listas definitivas para la cobertura con carácter temporal de puestos de trabajo reservados a personal laboral, reguladas en el Decreto 89/1997, de 10 de abril, correspondientes a la categoría 14 (titulado superior sociólogo) (lista B) del grupo I.

Dado que el carácter de la resolución es estimatorio de las peticiones del interesado, procede dar la debida publicidad a la modificación provocada por éste, en las listas publicadas por Resolución de 7 de julio de 2000, en el sentido de que debe figurar en la lista para la cobertura con carácter temporal de puestos correspondientes a la categoría 14 (titulado superior sociólogo) (lista B) del grupo I, con los siguientes datos:

-Miguel Ángel Martín Fernández, DNI 32.768.276 lista B. Puntuación: 7,650.

En el puesto número 1 en el ámbito geográfico U0000.

En consecuencia, se varía correlativamente el orden de prelación de los solicitantes posteriores incluidos en la lista correspondiente.

La presente resolución no afecta a las modificaciones y/o exclusiones producidas como consecuencia de la propia gestión de las listas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el conselleiro de la Presidencia y Administración Pública en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de la presente reso

lución, o directamente el recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña, conforme al artículo 14.2º de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 1 de diciembre de 2000.

Joaquín López-Rúa Soler

Director general de la Función Pública