El conselleiro de la Presidencia y Administración Pública dictó, en fecha 1 de diciembre de 2000, resolución estimatoria de los recursos formulados por Henriqueta Pardo Varela y Rosa Varela Conde contra la Resolución de 11 de agosto de 2000, por la que se hacen públicas las listas definitivas para la cobertura con carácter temporal de puestos de trabajo reservados a personal laboral, reguladas en el Decreto 89/1997, de 10 de abril, correspondientes a la categoría 35 (auxiliar de archivos y bibliotecas) (lista B) del grupo IV.

Dado que el carácter de la resolución es estimatorio de las peticiones de las interesadas, procede dar la debida publicidad a la modificación provocada por éstas, en las listas publicadas por Resolución de 11 de agosto de 2000, en el sentido de que debe figurar en la lista para la cobertura con carácter temporal de puestos correspondientes a la categoría 35 (auxiliar de archivos y bibliotecas) (lista B) del grupo IV, con los siguientes datos:

-Mª Henriqueta Pardo Varela, DNI 32.763.933, lista B. Puntuación: 3,600.

En el puesto número 22 en el ámbito geográfico U0000.

-Rosa Varela Conde, DNI 34.903.151, lista B. Puntuación: 2,740:

En el puesto número 64 en el ámbito geográfico U0000.

En consecuencia, se varía correlativamente el orden de prelación de los solicitantes posteriores incluidos en la lista correspondiente.

La presente resolución no afecta a las modificaciones y/o exclusiones producidas como consecuencia de la propia gestión de las listas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el conselleiro de la Presidencia y Administración

Pública en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución, o directamente el recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña, conforme al artículo 14.2º de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 1 de diciembre de 2000.

Joaquín López-Rúa Soler

Director general de la Función Pública