El conselleiro de la Presidencia y Administración Pública dictó con fecha de 20 de noviembre de 2000, resolución estimatoria del recurso formulado por Miguel Zorrilla Armesto, contra la Resolución de 4 de julio de 2000, por la que se hacen públicas las listas para la cobertura con carácter temporal de pues

tos de trabajo reservados a personal laboral, reguladas en el Decreto 89/1997, de 10 de abril, correspondientes a la categoría 23 (maestro/a gaitero/a) (lista B) del grupo IV.

Dado que el carácter de la resolución es estimatorio de la petición del interesado, procede darle la debida publicidad a las modificaciones provocada por éstas, en las listas publicadas por Resolución de 4 de julio de 2000 (DOG nº 137, del 14 de julio), en el sentido de que deben figurar en la lista para la cobertura con carácter temporal de puestos correspondientes a la categoría 23 (maestro/a gaitero/a) (lista B) del grupo IV, con los datos siguientes:

Miguel Zorrilla Armesto, DNI: 32.820.599, lista B, puntuación: 1,750 puntos.

En el puesto número 4 para el ámbito U0000.

En consecuencia, se varía correlativamente el orden de prelación de los solicitantes posteriores incluidos en la lista correspondiente.

La presente resolución no afecta a las modificaciones y/o exclusiones producidas como consecuencia de la propia gestión de las listas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el conselleiro de la Presidencia y Administración Pública en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución o directamente, el recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña, conforme al artículo 14.2º de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 20 de noviembre de 2000.

Joaquín López-Rúa Soler

Director general de la Función Pública