De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4º y 61 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, de 26 de noviembre de 1992 (BOE del 27 de noviembre), se hace pública la propuesta de resolución formulada por el instructor en el expediente sancionador que se indica y que se sigue en esta delegación provincial al presunto infractor que se señala en el anexo, ya que, intentada su notificación en el último domicilio conocido, ésta no se pudo practicar (devuelta por la oficina de correos por caducada).

El interesado no formuló escrito de alegaciones, por lo que no se desvirtúa el contenido de las imputaciones expuestas en el documento de iniciación de este expediente.

El expedientado dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente cédula, para examinar el expediente y presentar las alegaciones y entregar las pruebas que estime pertinentes en defensa de sus derechos. El correspondiente expediente figura a disposición del interesado para conocimiento íntegro y constancia del referido acto en las dependencias de la Delegación Provincial de Sanidad y Servicios Sociales de Ourense, sita en la avda. de Zamora, nº 13.

Ourense, 27 de septiembre de 2000.

Armando González López

Delegado provincial de Ourense

ANEXO

Expediente: 21/2000.

1. Denunciado: Miguel Ángel Rodríguez Pérez; DNI: 44.463.109.

2. Último domicilio conocido: avenida de Celanova, 96-98, 1º E-F 32890 Barbadás (Ourense).

3. Hechos imputados: por resolución del director general de Servicios Sociales, de 3 de abril de 1997, se adoptan medidas cautelares en el centro de atención a personas mayores «Vivenda comunitaria La Valenzana», situado en la avenida de Celanova, nº 96-98, 1º E-F, 32890 Barbadás (Ourense), ya que estaba prestando servicios sin el previo y necesario permiso de inicio de actividades.

Para comprobar el cumplimiento de las medidas cautelares, personal inspector de Servicios Sociales visita el centro los días 23 y 24 de febrero de 2000. Se constata, y así se recoge en las correspondientes actas de inspección, que se procedió al cierre del centro sin contar con la previa y preceptiva autorización administrativa.

4. Preceptos infringidos: artículo 62.4º de la Ley 4/1993, de 14 de abril, de servicios sociales.

5. Calificación de la infracción: grave.

6. Sanción propuesta: multa de 750.000 ptas.