De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4º y 61 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, de 26 de noviembre de 1992 (BOE del 27 de noviembre), se hace pública la propuesta de resolución formulada en el expediente sancionador que se indica y que se sigue en esta delegación provincial al presunto infractor que se señala en el anexo, ya que, intentada su notificación en el último domicilio conocido, ésta no se pudo practicar (devuelta por la oficina de correos por caducada).

El interesado no formuló escrito de alegaciones, por lo que no se desvirtúa el contenido de las imputaciones expuestas en el documento de iniciación de este expediente.

El expedientado dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente cédula, para examinar el expediente y presentar las alegaciones y entregar las pruebas que estime pertinente en defensa de sus derechos. El correspondiente expediente figura a disposición del interesado para conocimiento íntegro y constancia del referido acto en las dependencias de la Delegación Provincial de Sanidad y Servicios Sociales de Ourense, sita en la avda. de Zamora, nº 13.

Ourense, 21 de septiembre de 2000.

Armando González López

Delegado provincial de Ourense

ANEXO

Expediente: 20/2000.

Denunciado: Miguel Ángel Rodríguez Pérez; DNI: 44.463.109.

Último domicilio conocido: c/ Progreso, nº 147, 3º derecha, Ourense.

Hechos imputados: el día 23 de febrero de 2000, inspectores de servicios sociales visitan un centro de atención a personas mayores situado en la calle del Progreso, nº 147, 3º derecha (Ourense), siendo titular y responsable del mismo Miguel Ángel Rodríguez Pérez. Se constata, y así se recoge en la correspondiente acta de inspección, que el centro está funcionando de forma ilegal ya que no cuenta con las preceptivas autorizaciones administrativas.

Preceptos infringidos: artículos 30 y 62.5º de la Ley 4/1993, de 14 de abril, de servicios sociales, artículo 6 del Decreto 243/1996, sobre autorización y acreditación de centros de servicios sociales, y artículo 18.5º del Decreto 175/1995, relativo a la inspección y régimen sancionador.

Calificación de la infracción: grave.

Sanción propuesta: 750.000 pesetas.