Por medio del presente edicto se hace saber que, por parte del presidente del organismo autónomo Aguas de Galicia, fue dictada resolución en el expediente administrativo que se detalla en extracto en anexo a este edicto, referente a la extinción del derecho al uso privativo de las aguas por caducidad de la concesión en los términos previstos en la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas. Al ignorarse el domicilio del titular de la concesión, por no constar en el expediente, no se pudo practicar la notificación individual de esta resolución.

En consecuencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.4º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, se le notifica al interesado la resolución referida en el anexo y se le comunica que su texto íntegro, junto con el resto de las actuaciones del expediente, se encuentra a su disposición en las oficinas del Departamento de Gestión del Dominio Público Hidráulico de Aguas de Galicia (plaza Camilo Díaz Valiño, Santiago de Compostela), durante el plazo de alegaciones que a continuación se indica.

En relación con esta resolución el interado podrá interponer recurso de alzada ante el conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda, en el plazo de un (1) mes contado desde la publicación de este edicto en el Diario Oficial de Galicia, de acuerdo con el contenido de los artículos 114 y 115 de la citada Ley 30/1992, en su redacción dada por la Ley 4/1999, que la modifica.

Santiago de Compostela, 9 de octubre de 2000.

Antonio López Blanco

Jefe del Departamento de Gestión del Dominio Público Hidráulico

ANEXO

-Expediente número: 18/17/1.1.

Persona interesada: Francisco Armesto Vinuesa.

Acto administrativo: resolución por la que se declara la caducidad de la concesión otorgada por resolución

del gobernador civil de la provincia de Lugo de fecha 31 de julio de 1894, a favor de Francisco Armesto Vinuesa, en el río Tronceda, ayuntamiento de Mondoñedo (Lugo), con destino a la producción de energía eléctrica, por interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos por causa imputable al titular y, en consecuencia, la extinción del derecho.