El conselleiro de la Presidencia y Administración Pública dictó, en fecha 16 de octubre de 2000, resolución estimatoria del recurso formulado por José Roberto Fernández Castro contra la Resolución de 7 de julio de 2000, por la que se hacen públicas las listas definitivas para la cobertura con carácter temporal de puestos de trabajo reservados a personal laboral, reguladas en el Decreto 89/1997, de 10 de abril, correspondientes a la categoría 30 (programador/a) (lista B) del grupo III.

Dado que el carácter de la resolución es estimatorio de la petición del interesado, procede dar la debida publicidad a la modificación provocada por ésta, en las listas publicadas por Resolución de 7 de julio de 2000, en el sentido de que debe figurar en la lista para la cobertura con carácter temporal de puestos correspondientes a la categoría 30 (programador/a) (lista B) del grupo III, con los siguientes datos:

José Roberto Fernández Castro, DNI 35.313.123 lista B, puntuación: 1,870.

En el puesto número 5 en el ámbito geográfico D0000 y en el puesto número 4 en el ámbito geográfico D3600.

En consecuencia, se varía correlativamente el orden de prelación de los solicitantes posteriores incluidos en la lista correspondiente.

La presente resolución no afecta a las modificaciones y/o exclusiones producidas como consecuencia de la propia gestión de las listas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el conselleiro de la Presidencia y Administración Pública en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución, o directamente, el recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, ante el Juzgado

de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña, conforme al artículo 14.2º de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 16 de octubre de 2000.

Joaquín López-Rúa Soler

Director general de la Función Pública