Actualmente nos encontramos en pleno proceso de implantación del sistema educativo establecido por la Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo y, en concreto, se acaba de terminar el proceso de un nuevo nivel obligatorio: la educación secundaria obligatoria.

Por las consecuencias que para los conciertos de cada centro educativo tuvo dicha transformación, con repercusión directa en el empleo, la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria, las organizaciones patronales más representativas del sector de la enseñanza privada concertada y las organizaciones sindicales de la enseñanza privada adoptaron, desde el año 1992, una serie de medidas a favor del mantenimiento del empleo en el sector de la enseñanza privada concertada de nuestra Comunidad Autónoma, así como para la ampliación de los equipos docentes de los centros concertados.

Dichas medidas fueron recogidas en los distintos acuerdos que se firmaron y que, básicamente, consistían en que aquellos profesores afectados por la reducción o supresión de unidades concertadas pudiesen ser recolocados, como profesores de apoyo, en otros centros privados concertados.

Teniendo en cuenta la disposición adicional sexta de la Ley 7/1999, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2000.

Esta Consellería de Educación y Ordenación Universitaria,

DISPONE:

Primero.-El profesorado de apoyo existente, a la entrada en vigor de la Ley 7/1999, en los centros privados concertados pasará a formar parte, a todos los efectos, de los cuadros de personal docente de los centros donde estuviese prestando sus servicios.

Segundo.-Hacer pública la relación de centros privados concertados que, con anterioridad al 1 de enero de 2000, contaban con profesor de apoyo, indicando su número.

Tercero.-Contra esta orden, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo de reposición ante el conselleiro de Educación y Ordenación Universitaria, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia, según lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999 (BOE

del 14 de enero), de modificación de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, o bien directamente el recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2000.

Celso Currás Fernández

Conselleiro de Educación y Ordenación Universitaria

ANEXO

Provincia: A Coruña.

Provincia: Lugo.

Provincia: Ourense.

Provincia: Pontevedra.