El conselleiro de la Presidencia y Administración Pública dictó con fecha de 24 de julio de 2000, resolución estimatoria del recurso formulado por Mª Jesús Méndez Paleo, contra la Resolución de 29 de junio de 2000, por la que se hacen públicas las listas para la cobertura con carácter temporal de puestos de trabajo reservados a personal laboral, reguladas en el Decreto 89/1997, de 10 de abril, correspondientes a la categoría 18 (licenciado/a informático) (lista B) del grupo I.

Dado que el carácter de la resolución es estimatorio de la petición de la interesada, procede darle la debida publicidad a las modificaciones provocada por ésta, en las listas publicadas por Resolución de 29 de junio

de 2000, en el sentido de que debe figurar en la lista para la cobertura con carácter temporal de puestos correspondientes a la categoría 18 (licenciado/a informático) (lista B) del grupo I, con los datos siguientes:

Mª Jesús Méndez Paleo, DNI 76.569.438, lista B, puntuación: 2,030 puntos.

-En el puesto número 9 para el ámbito D1500.

-En el puesto número 6 para el ámbito D2700.

-En el puesto número 6 para el ámbito D3200.

-En el puesto número 6 para el ámbito D3600.

En consecuencia, se varía correlativamente el orden de prelación de los solicitantes posteriores incluidos en la lista correspondiente.

La presente resolución no afecta a las modificaciones y/o exclusiones producidas como consecuencia de la propia gestión de las listas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el conselleiro de la Presidencia y Administración Pública en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución o directamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña, conforme al artículo 14.2º de la Lei 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 24 de julio de 2000.

Joaquín López-Rúa Soler

Director general de la Función Pública