Por medio del presente edicto se hace saber que por parte del presidente del organismo autónomo de Aguas de Galicia se dictó resolución en el expediente administrativo sancionador que se detalla en extracto en anexo a este edicto, referente a infracciones tipificadas en la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas, en materia de dominio público hidráulico. Intentada la notificación de la resolución en el domicilio que consta en el expediente, ésta no se pudo llevar a cabo.

En consecuencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.4º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, se notifica al interesado la resolución indicada en el anexo y se le comunica que el texto íntegro, junto con el resto de las actuaciones del expediente, se encuentra a su disposición en las oficinas del Departamento de Gestión del Dominio Público Hidráulico de Aguas de Galicia (plaza Camilo Díaz Valiño, estación de autobuses, Santiago de Compostela), durante el plazo de alegaciones que a continuación se indica.

En relación con esta resolución, el interesado podrá interponer recurso de alzada ante el conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda, en el plazo de un (1) mes, a contar desde la publicación de este edicto en el Diario Oficial de Galicia, de acuerdo con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común ya citada, según la redacción dada por la Ley 4/1999, que la modifica.

Santiago de Compostela, 19 de junio de 2000.

P.A.

José A. Someso Anguita

Jefe de la Unidad de Gestión de Ingresos

ANEXO

Expediente número: DH.D15.10464.

Persona interesada: Ramón Abelenda Cancela.

Domicilio que consta en el expediente: Sta. Eulalia de Castro, Coristanco (A Coruña).

Preceptos infringidos: artículo 315 d) del Reglamento del dominio público hidráulico (RDPH).

Sanción impuesta: prescripción de la infracción.

Se le concede al interesado un plazo de dos (2) meses, contados a partir de esta publicación, para que reponga las cosas a su estado primitivo, demoliendo a su cargo las obras e instalaciones realizadas ilegalmente, y retirar los materiales empleados de los terrenos de dominio público hidráulico.

Advertir al interesado que, de no cumplir lo ordenado en el citado plazo, se procederá por la Administración a la ejecución y aplicación de multas coercitivas previstas en el artículo 111 de la Ley de aguas, en el 324 del RDPH, en relación con el artículo 99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

En el supuesto de ser legalizables las obras esta orden quedará en suspenso si el interesado solicita en el plazo indicado la legalización de estas, acordándose lo pertinente en el expediente que a tal fin se incoe.

La indemnización de daños y perjuicios causados al dominio público hidráulico es de ochenta y tres mil quinientas sesenta y tres pesetas (83.563 ptas.), y se ejecutarán de acuerdo con las normas de la ley.