El conselleiro de la Presidencia y Administración Pública dictó, con fecha de 13 de marzo de 2000, resolución estimatoria del recurso formulado por Jesús Ángel Cousillas Ramos, contra la Resolución de 2 de febrero de 2000, por la que se hacen públicas las listas para la cobertura con carácter temporal de puestos de trabajo reservados a personal laboral, reguladas en el Decreto 89/1997, de 10 de abril, correspondientes a la categoría 6 (ayudante de servicios técnicos/oficial 2ª mantenimiento) (lista A1) del grupo IV.

Dado que el carácter de la resolución es estimatorio de la petición del interesado, procede darle la debida publicidad a las modificaciones provocadas por estas, en las listas publicadas por Resolución de 2 de febrero de 2000, en el sentido de que deben figurar en la lista para la cobertura con carácter temporal de puestos correspondientes a la categoría 6 (ayudante de servicios técnicos/oficial 2ª mantenimiento) (lista A1) del grupo IV, con los datos siguientes:

-Jesús Ángel Cousillas Ramos, DNI: 32.412.317, lista A1, puntuación: 20,130 puntos.

-En el puesto número 2 para el ámbito D1500.

En consecuencia, se varía correlativamente el orden de prelación de los solicitantes posteriores incluidos en la lista correspondiente.

La presente resolución no afecta a las modificaciones y/o exclusiones producidas como consecuencia de la propia gestión de las listas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el conselleiro de la Presidencia y Administración Pública en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución o directamente, el recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña, conforme al artículo 14.2º de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2000.

Joaquín López-Rúa Soler

Director general de la Función Pública