La Ley de las Cortes Generales 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, y la Ley de Galicia 5/1997, de 22 de julio, de Administración local de Galicia, determinan que el ayuntamiento ejercerá competencias, entre otras materias, en la seguridad en lugares públicos.

Asimismo, la Ley orgánica 2/1986, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, posibilitó una ampliación de competencias en favor de la Comunidad Autónoma de Galicia en materias no previstas en su Estatuto de autonomía, entre otras, la coordinación de policías locales.

En consecuencia, y por medio de la Ley de Galicia 3/1992, de 23 de marzo, la Comunidad Autónoma procedió a la coordinación de las policías locales de su territorio en los términos establecidos en el artículo 39 de la Ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad.

Conforme al Decreto 227/1998, de 10 de julio, mediante el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Justicia, Interior y Relaciones Laborales, corresponde a esta consellería, entre otras competencias, la coordinación de las policías locales.

Se pretende, por medio de la presente orden, dar cumplimiento al mandato impuesto por el artículo 4 de la referida Ley 3/1992, de 23 de marzo, en el sentido de adoptar medidas encaminadas a lograr la homogeneización de los medios técnicos de las policías locales, regulándose, a tal efecto, el procedimiento y requisitos para la cesión en propiedad de vehículos adecuadamente preparados para el ejercicio de sus funciones, en los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma gallega que cuenten con servicios de policía.

Por todo esto,

DISPONGO:

Artículo 1º.-Objeto.

La Consellería de Justicia, Interior y Relaciones Laborales contribuirá al equipamiento de los ayuntamientos de Galicia, a fin de aumentar la eficacia de los servicios de policía local en el desarrollo de las funciones que le son propias. A tal fin, cederá en propiedad vehículos adecuadamente preparados a los ayuntamientos que cuenten con dichos servicios, todo esto de conformidad con lo que establece la disposición adicional décimo primera de la Ley 11/1996, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para 1997, mediante la que se añadió el artículo 35.bis a la Ley 3/1985, de 12 de abril, de patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Artículo 2º.-Beneficiarios.

Podrán solicitar las subvenciones a las que se refiere esta orden aquellos ayuntamientos que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que cuenten con servicios de policía local, entendida en los términos previstos en el artículo 2 de la Ley 3/1992, de 23 de marzo, de coordinación de las policías locales.

b) Que tengan menos de 30.000 habitantes.

c) Que en sus presupuestos anuales dispongan de una cantidad destinada a la materia de policía local.

Excepcionalmente, por concurrir causas motivadas debidamente justificadas en el correspondiente expediente, podrán solicitar los beneficios de esta orden aquellos ayuntamientos que, sin cumplir los requisitos señalados, precisen de un vehículo de estas características.

Artículo 3º.-Crédito.

A la consecución del objetivo al que se refiere la presente orden, la Consellería de Justicia, Interior y Relaciones Laborales destinará hasta un límite de treinta millones de pesetas (30.000.000 de ptas), con cargo a la aplicación presupuestaria 13.02.624.0, programa 123.A, de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma gallega para el año 2000, que se dedicarán a la adquisición de vehículos para las policías locales de Galicia.

Artículo 4º.-Iniciación.

1. En el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta

orden en el Diario Oficial de Galicia, los ayuntamientos que reúnan los requisitos a los que se refiere el artículo 2º de esta orden y que deseen acogerse a sus beneficios, deberán presentar la solicitud que figura como anexo I en el registro general de la Consellería de Justicia, Interior y Relaciones Laborales, en el de las delegaciones provinciales de esta consellería, o por cualquier otro de los medios a los que se refiere el artículo 38.4º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

2. Junto con la solicitud se presentarán los siguientes documentos:

2.1.Certificación expedida por el secretario general de la Corporación relativa al acuerdo adoptado por el órgano competente por lo que:

a) Se acuerda solicitar la cesión en propiedad regulada en la presente orden, aceptando íntegramente los términos y prescripciones de ella.

b) Se faculta al alcalde del ayuntamiento para aceptar la cesión en propiedad, en el caso de resolución favorable de la consellería, en las condiciones que sean establecidas por ésta.

2.2. Certificación expedida por el secretario general del ayuntamiento solicitante, que acredite la existencia de un cuerpo de policía local y/o agentes auxiliares propios del ayuntamiento que tengan como función la prestación de servicios de seguridad.

2.3. Memoria en la que se recoja la totalidad del material y recursos con que cuenta la policía local en la actualidad.

2.4. Memoria sobre la plantilla de la policía local, actualizada hasta la fecha de publicación de la presente orden, incluyendo las previsiones de crecimiento, las plazas vacantes existentes y su forma de cobertura.

2.5. Cuantificación, por una parte, de los gastos corrientes consignados en los presupuestos municipales del año 2000 destinados al funcionamiento de la policía local y, por otra parte, de los gastos de inversión dirigidos al mismo fin.

2.6. Relación de las funciones que ejerce principalmente la policía local.

2.7. Declaración de conjunto de todas las solicitudes efectuadas o concedidas, para un mismo proyecto, de las distintas administraciones públicas competentes (acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 17 de noviembre de 1999, en el que se establece un mecanismo de seguimiento y control de la concurrencia y acumulación de las ayudas públicas en un mismo proyecto y peticionario y se autoriza a la Consellería de Economía y Hacienda para su desarrollo (DOG nº 236, del 9 de diciembre).

3. El defecto en la solicitud será notificado a los interesados por la Dirección General de Justicia y Administración Local de esta consellería, y se les concederá un plazo de diez días para corregir los errores u omisiones. Si transcurrido ese plazo no se produjese la corrección, las peticiones serán archivadas conforme a lo dispuesto en la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Artículo 5º.-Instrucción y resolución.

1. Recibidas las solicitudes y su documentación, serán analizadas por los servicios competentes de la Dirección General de Justicia y Administración Local de la Consellería de Justicia, Interior y Relaciones Laborales, emitiéndose el correspondiente informe.

2. El director general de Justicia y Administración Local elevará la correspondiente propuesta al conselleiro de Justicia, Interior y Relaciones Laborales, quien resolverá mediante orden que se publicará en el DOG, de conformidad con lo establecido en el artículo 96 bis del Reglamento de patrimonio de la Comunidad Autónoma (introducido por el Decreto 238/1998, de 24 de julio).

Artículo 6º.-Notificación.

1. La orden de la consellería será notificada a los solicitantes a los que se les conceda la cesión en propiedad de un vehículo, en la forma prevista en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Conforme a lo dispuesto en el artículo 44.1º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, modificado por la Ley 4/1999, de 6 de enero, de no notificarse resolución en el plazo de seis meses contados desde la publicación de la presente orden en el Diario Oficial de Galicia, los interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo.

2. En la notificación de las resoluciones se harán constar las siguientes condiciones particulares que deberá cumplir el ayuntamiento solicitante:

a) Abonar, en concepto de aportación compensatoria, por los gastos derivados del procedimiento de la cesión, e inherentes a la utilización del bien cedido, la cantidad resultante de aplicar el porcentaje del 20% al importe unitario de licitación de los vehículos en el correspondiente procedimiento de contratación.

b) Comprometerse a hacer frente a los gastos de seguros, mantenimiento, conservación y a las indemnizaciones derivadas de posibles declaraciones de responsabilidad civil o criminal por el uso de los vehículos, cualquiera que sea su cuantía.

c) Acreditación de no tener pendiente de pago ninguna deuda, por ningún concepto, con la Administración pública de la Comunidad Autónoma.

d) Declaración complementaria del conjunto de las ayudas solicitadas, tanto las aprobadas o concedidas como las pendientes de resolución, para un mismo proyecto, de las distintas administraciones públicas competentes o cualquiera de sus organismos, entes o sociedades (acuerdo de la Xunta de Galicia de 17 de noviembre de 1999. DOG nº 236, del 9 de diciembre).

Artículo 7º.-Aceptación.

1. El alcalde del ayuntamiento beneficiario dispondrá de un plazo de quince días hábiles, contados a partir de la recepción de la resolución, para comunicar la aceptación de las condiciones contenidas en el apartado anterior y hacer el ingreso de la cantidad correspondiente en la entidad financiera que le designe la Consellería de Justicia, Interior y Relaciones Laborales.

2. Transcurrido este plazo sin que se comunique dicha aceptación y no se presente el resguardo justificativo del depósito, la Consellería de Justicia, Interior y Relaciones Laborales podrá anular la resolución.

Artículo 8º.-Criterios de evaluación.

En la evaluación de las solicitudes se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

a) Relación de necesidades municipales reflejadas en la petición.

b) Recursos humanos con que cuenta la policía local del ayuntamiento solicitante (puestos de trabajo cubiertos y vacantes), así como, en su caso, posibles previsiones de aumento de la plantilla.

c) Recursos materiales con que cuenta la policía local del ayuntamiento solicitante, así como, en su caso, posibles previsiones de adquisiciones de material con cargo al presupuesto municipal del ayuntamiento solicitante.

d) Cuantía de la consignación presupuestaria municipal del ayuntamiento solicitante destinada a gastos corrientes vinculados a la policía local del ayuntamiento interesado.

e) Si los ayuntamientos solicitantes fueron beneficiarios de cesiones en anteriores convocatorias de estas medidas de apoyo a las policías locales de Galicia.

Artículo 9º.-Formalización de la cesión.

La cesión se formalizará mediante convenio en la que constará el acuerdo de la cesión y la aceptación del cesionario.

Artículo 10º.-Control.

Si los vehículos cedidos no se aplicasen al fin señalado o dejasen de estarlo con posterioridad, si se descuidasen o utilizasen con grave quebrantamiento, o si incumpliesen cualquiera de las condiciones de cesión, se considerará resuelta la cesión y los bienes revertirán a la Comunidad Autónoma, que tendrá derecho a percibir, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos o de los deterioros que experimentasen.

La Consellería de Justicia, Interior y Relaciones Laborales estará dotada de facultades de vigilancia y control para comprobar el cumplimiento de las obligaciones que lleva aparejadas la cesión y, en su caso, para la resolución de los expedientes de reversión.

Disposición adicional

La aportación compensatoria realizada por el beneficiario según lo dispuesto en el artículo 6º.2 a) podrá generar créditos en el estado de gastos del presupuesto de esta consellería, que podrán ser utilizados en la adquisición y adjudicación de más vehículos.

Disposiciones finales

Primera.-Se faculta al director general de Justicia y Administración Local para dictar, en el ámbito de sus competencias, las resoluciones precisas para el desarrollo de esta orden.

Segunda.-Esta orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 31 de enero de 2000.

Antonio Pillado Montero

Conselleiro de Justicia, Interior y Relaciones Laborales