De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4º y 60.2º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se notifica a los beneficiarios de viviendas de protección oficial, con los datos relacionados en el anexo, las resoluciones de esta dirección general por las que se acuerda la resolución de pleno derecho de los contratos de las viviendas que les fueron adjudicadas y el lanzamiento de las mismas, recaídas en el procedimiento de desahucio administrativo tramitado por falta de pago.

Los hechos indicados constituyen causa suficiente de desahucio conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del Real decreto 2960/1976, de 12 de noviembre, texto refundido de la legislación de viviendas de protección oficial, y en los artículos 138 y siguientes del reglamento, aprobado por Decreto 2114/1968, de 24 de julio.

El lanzamiento de las viviendas se llevará a cabo por el representante de la entidad colaboradora Hnos. Alonso Garrán, S.L. que se designe, con credencial al efecto suscrita y firmada por el director general del IGVS y con la preceptiva autorización judicial para la entrada en el domicilio de particulares en la ejecución forzosa de actos de la Administración, incorporada al expediente, y con el auxilio de las fuerzas de seguridad del Estado, autonómicas o locales.

Se advierte a los interesados que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de VPO, podrán evitar el lanzamiento abonando el total de la deuda con el recargo del 10% en el plazo de 15 días hábiles a partir del siguiente al de la presente publicación.

En la tramitación del expediente se observaron las normas vigentes contenidas en los artículos 138 a

144 del Reglamento de VPO, Decreto 2114/1968, de 24 de julio, artículo 30 del texto refundido, Decreto 2960/1976, de 12 de noviembre, artículos 58, 59 y 96.3º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y 8.3º de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

La resolución en firme de los contratos conllevará la prohibición para contratar con la Administración en los términos previstos en el artículo 20 c) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las administraciones públicas.

Contra dichas resoluciones, que no son definitivas en vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente cédula, conforme a lo establecido en los artículos 107, 114 y 115 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Santiago de Compostela, 2 de diciembre de 1999.

José Antonio Redondo López

Director general del Instituto Gallego

de la Vivienda y Suelo

ANEXO