El Estatuto de autonomía de Galicia, en su artículo 27.23º, asigna a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de asistencia social.

La Ley 4/1993, de 14 de abril, de servicios sociales para Galicia, en su artículo 50, prevé la posibilidad de concederles prestaciones y ayudas económicas a personas que se encuentren en estado de necesidad. El Decreto 488/1997, de 26 de diciembre, modificado por el Decreto 117/1999, de 23 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Familia y Promoción del Empleo, Mujer y Juventud, en su artículo 1, atribuye a dicha consellería competencia en materia de familia, infancia y menores, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de autonomía de Galicia.

La Ley 3/1997, de 9 de junio, gallega de la familia, la infancia e la adolescencia prevé en su artículo 11.3º c) la regulación de prestaciones económicas o técnicas, que tengan por objeto incidir favorablemente en las situaciones de carencia familiar, y en el artículo 15 a) establece, entre otras medidas preventivas, el apoyo a la infancia y a la adolescencia a través de medidas económicas o técnicas dirigidas a cubrir sus necesidades básicas y mejorar el entorno familiar, a fin de garantizar el derecho a desarrollarse, siempre que sea posible, en el seno de su propia familia.

La orden de la Consellería de Economía y Hacienda, de 11 de febrero de 1998, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto señala, en su artículo 1.1º, la posibilidad de dicha tramitación «en el ejercicio inmediatamente anterior al de los presupuestos con cargo a los que se vayan a imputar los correspondientes gastos, aun cuando su ejecución se realice en una o en varias anualidades; en el primer caso siempre que exista crédito adecuado y suficiente en el proyecto de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, aprobado por el Consello de la Xunta de Galicia, que corresponda al ejercicio presupuestario en el que se va a materializar la contraprestación».

La aplicación de esta norma supone la posibilidad de agilizar el proceso de ejecución del presupuesto, beneficiando muy especialmente a los propios administrados y sin mengua de la soberanía del Parlamento toda vez que el artículo 3.1º dispone que «en la tramitación anticipada de expedientes de sub

venciones y otros gastos no contractuales se podrá llegar, como máximo, hasta el momento inmediatamente anterior al de disposición o compromiso de gastos».

En el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia y en el proyecto de Ley de presupuestos generales de la Comunidad gallega para el año 2000 se establecen los requisitos y normas necesarios y básicos para la gestión y actividad económico-financiera, normativa a la que, en consecuencia, se adaptará la presente orden, teniendo en cuenta en todo caso los principios de publicidad, objetividad y concurrencia.

En el citado proyecto de Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2000, aprobado por el Consello de la Xunta de Galicia en fecha 14 de octubre de 1999, en la aplicación 14.02.212A.484.0 existe partida presupuestaria para las ayudas que se establecen en la presente orden, reservándose a tal efecto un crédito de 298.484.000 ptas., o su equivalente en euros.

En su virtud, en uso de las facultades que tengo atribuidas,

DISPONGO:

Artículo lº.-Objeto y finalidad de estas ayudas.

La presente orden tiene por objeto la convocatoria de concesión de ayudas individuales, de carácter periódico, de prevención y apoyo a la familia para integración del menor, durante el ejercicio económico del año 2000. La finalidad de estas ayudas es proporcionar apoyo económico a familias para garantizar la atención adecuada a los menores a su cargo y favorecer la permanencia de éstos en su medio, evitando los riesgos de desestructuración familiar.

Artículo 2º.-Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las familias con menores de edad que se encuentren en circunstancias carenciales graves y precisen de apoyos económicos para satisfacer sus necesidades básicas y evitar la desestructuración familiar.

Artículo 3º.-Cuantía de las ayudas.

La cuantía mínima y máxima que podrán alcanzar estas ayudas está comprendida entre diez mil pesetas (10.000 ptas.) y cincuenta mil pesetas (50.000 ptas.) mensuales por familia, sin que superen la cuantía de veinte mil pesetas (20.000 ptas.) por menor.

La determinación de la cuantía total de la ayuda a conceder por unidad familiar se establecerá en función de las circunstancias económicas y sociales que concurran en cada caso.

Artículo 4º.-Requisitos.

Serán requisitos necesarios para la concesión de las ayudas:

1. Residir en la Comunidad Autónoma gallega.

2. Que los menores no hayan cumplido los 18 años de edad.

3. Que la renta per cápita anual del núcleo familiar no exceda de trescientas mil pesetas (300.000 ptas.).

4. Que la ayuda sea necesaria para garantizar la permanencia del menor en su medio familiar.

5. Que la familia pueda evolucionar hacia su plena autonomía e integración social, siendo estas ayudas un apoyo temporal.

6. Que la dinámica del núcleo familiar garantice la educación y normalización de la vida de estos menores en aspectos tales como alimentación y vestuario dignos, escolarización regularizada, atención médica adecuada, higiene y cuidado corporal y otros análogos.

7. Que la unidad familiar no reciba ayudas por el mismo concepto de otros organismos; para ello presentará, junto con la documentación que se relaciona en el artículo siguiente, certificación que acredite esta circunstancia.

Artículo 5º.-Solicitudes y documentación.

Las solicitudes se formularán mediante instancia suscrita por el representante de la unidad familiar según el modelo oficial (anexo I).

Cada solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:

1. Fotocopia del DNI del solicitante y del resto de los miembros de la unidad de convivencia obligados a obtenerlo.

2. Fotocopia del libro de familia.

3. Justificación de haberes: última nómina de los miembros de la unidad convivencial que perciban haberes, declaración de IRPF o declaración jurada de los mayores de edad de no estar obligados a hacerla, certificación positiva o negativa de percepción de prestación económica del Inem referida, asimismo, a los mayores de edad; justificación de otros ingresos familiares, en su caso. La justificación se hará de acuerdo con el modelo de declaración para los mayores de edad (anexo II).

4. Compromiso escrito por parte del solicitante (anexo III) de:

a) Aplicar las ayudas a la finalidad para la que sean concedidas.

b) Contribuir a la normalización e integración social del núcleo familiar.

c) Atender correctamente a la educación de los menores a su cargo.

d) Alcanzar cuanto antes la plena autonomía familiar.

e) Comunicar en un plazo no superior a 15 días, al órgano competente que tramitó la solicitud, cualquier modificación que afecte a las características de este tipo de ayudas.

Deberá adjuntarse a la documentación enviada por los solicitantes un informe social, elaborado por los servicios sociales municipales, que deberá ajustarse al modelo oficial descrito en el anexo IV. Dicho informe valorará y verificará los datos presentados y propondrá las oportunas medidas a tomar, especificándose cómo se efectuará el seguimiento de las ayudas, tanto para garantizar su correcta aplicación como para procurar un apoyo periódico que posibilite cuanto antes la plena autonomía de estas familias.

En caso de que el solicitante recibiese una ayuda para la integración del menor durante el año 1999, a la solicitud se adjuntará únicamente la justificación de haberes prevista en el punto 3, así como el preceptivo informe social (anexo V).

Artículo 6º.-Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

La solicitud y la documentación requerida se presentarán en la delegación de la Consellería de Familia y Promoción del Empleo, Mujer y Juventud de la provincia donde tenga su domicilio el solicitante, o bien en los ayuntamientos que hayan suscrito el convenio oportuno. Estos últimos remitirán los expedientes a la delegación correspondiente siendo, en todo caso, de aplicación lo dispuesto en el artículo 38.4º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la Ley 4/1999.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a su publicación, salvo en situaciones de extrema gravedad, debidamente justificadas, surgidas después de este plazo que terminará el 31 de octubre de 2000.

Artículo 7º.-Tramitación.

1. Las delegaciones provinciales comprobarán que todas las solicitudes reúnen los requisitos exigidos en la presente orden, requiriendo al interesado por escrito la enmienda de defectos que hubiese, con indicación de que, si así no lo hiciese en el plazo de 10 días, se tendrá por desistido en su petición, previa la correspondiente resolución, que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42

de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

2. Revisada la documentación y completada, en su caso, se remitirá a la comisión provincial de valoración, que tendrá la función de proponer la concesión, modificación, prórroga, suspensión, revocación o denegación de las mismas, siguiendo los criterios objetivos recogidos en la presente orden.

3. La composición de la comisión provincial de valoración será la siguiente:

-Presidente: el jefe del Servicio de Familia, Infancia y Menores de la delegación provincial.

-Vocales: el delegado provincial designará dos funcionarios, de los que uno actuará como secretario de la comisión. Asimismo, participará un representante de la Intervención Territorial, que actuará con voz pero sin voto.

4. Todos los actos de trámite efectuados en los expedientes de gasto regulados por esta orden se entenderán condicionados a que, al dictarse el acuerdo de compromiso de gasto, subsistan las mismas circunstancias de hecho y de derecho existentes en el momento en que fueron producidos aquellos actos. A estos efectos se podrá solicitar a los interesados declaración jurada acreditativa.

Artículo 8º.-Criterios de valoración.

Cuando el número de solicitudes con derecho a las ayudas sea tal que exceda el crédito presupuestario destinado a tal fin, la comisión provincial de valoración aplicará los siguientes criterios para determinar dichas ayudas:

-Mayor número de hijos.

-Menores ingresos; la cuantía máxima se establecerá por la comisión en función del número de solicitudes.

-Desinternamiento.

-Evitar internamiento.

-Situación sociofamiliar (familia monoparental, alquiler vivienda, existencia de minusválidos en la unidad familiar, tercera edad).

Artículo 9º.-Resolución.

1. La concesión de las ayudas, una vez fiscalizadas por la Intervención, corresponderá a los delegados provinciales de la Consellería de Familia y Promoción del Empleo, Mujer y Juventud, según el Decreto 88/1990, de 15 de febrero, que deberán resolver en el plazo máximo de 75 días, desde la presentación de la solicitud del interesado. En las solicitudes extraordinarias de conformidad con el artículo 6º de la presente orden, el plazo de resolución será de un mes a partir de la presentación de la solicitud.

En el caso de no existir resolución expresa, transcurridos ambos plazos, las solicitudes se tendrán por desestimadas.

2. La duración, cuantía y condiciones de las ayudas serán las que se especifiquen en la resolución de concesión.

3. Los delegados podrán modificar, suspender o revocar las ayudas concedidas, previo informe de la comisión provincial de valoración, en los casos en que varíen las condiciones que motivaron la concesión o del incumplimiento total o parcial de los requisitos y condiciones establecidas para ella.

4. Las resoluciones de concesión, denegación, modificación, suspensión, revocación o prórroga de las ayudas dictadas serán notificadas a los interesados y tendrán que ser motivadas.

5. La presente resolución agota la vía administrativa y contra ella puede interponerse el recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Potestativamente, y con anterioridad a la interposición del referido recurso contencioso-administrativo, podrá interponerse el recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación de la presente resolución. En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto el recurso de reposición.

Artículo 10º.-Pago de las ayudas.

Las delegaciones provinciales de la Consellería de Familia y Promoción del Empleo, Mujer y Juventud abonarán a las familias la cuantía de la ayuda concedida en pagos periódicos por mensualidades vencidas.

Antes del último pago presentará declaración complementaria de las ayudas solicitadas, tanto aprobadas o concedidas como las pendientes de resolución.

En el plazo máximo de 15 días contados desde la finalización del período de percepción de la ayuda, el solicitante presentará una declaración jurada en la que justifique la ayuda y que los fondos percibidos fueron utilizados para los fines propuestos.

Artículo 11º.-Seguimiento.

El seguimiento de las ayudas será realizado, en cada caso, por el órgano receptor de las solicitudes, preferentemente por los servicios sociales municipales y consistirá en:

a) Evaluación y control en su aplicación, exigiéndose un mínimo de un informe anual de la situación

de las familias beneficiarias; dicho informe se presentará en el último trimestre del año.

b) Apoyo y orientación a las familias para alcanzar cuanto antes su plena autonomía.

c) Poner en conocimiento de la comisión provincial de valoración las circunstancias que puedan motivar la modificación o prórroga de las ayudas concedidas.

Artículo 12º.-Reintegro.

El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las condiciones exigidas constituirá causa determinante de revocación de la ayuda y de su reintegro por el beneficiario o solicitante, según lo dispuesto en el artículo 78 del Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia.

Artículo 13º

Los receptores de las ayudas o subvenciones quedan sometidos a las actuaciones de comprobación que acuerde la Consellería de Familia y Promoción del Empleo, Mujer y Juventud. Asimismo, queda obligado a facilitar toda la información que le sea requerida por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Cuentas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control del destino de las ayudas.

Disposiciones adicionales

Primera.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1º de la orden de la Consellería de Economía y Hacienda, de 11 de febrero de 1998, en la tramitación anticipada de expedientes de subvenciones y otros gastos no contractuales se podrá llegar como máximo hasta el momento inmediatamente anterior al de la disposición o compromiso del gasto.

Segunda.-La concesión de estas ayudas tendrá como límite global el crédito consignado en el presupuesto para estos fines.

Disposiciones finales

Primera.-Se autoriza a la directora general de Familia para dictar las normas que sean necesarias para el desarrollo de la presente orden.

Segunda.-La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Galicia, comenzando los efectos económicos de las ayudas concedidas el primer día de enero del año 2000.

Santiago de Compostela, 23 de noviembre de 1999.

Manuela López Besteiro

Conselleira de Familia y Promoción del Empleo,

Mujer y Juventud