El Pleno de la Corporación, en sesión de 27-5-1999, acordó aprobar definitivamente el proyecto de estatutos y el de bases de actuación de la futura junta de compensación de la unidad de ejecución nº 29 del Plan General de Ordenación Urbana-Ponte Bolera, formulado por José García Blanco, Carlos Romero García y Valentín González Dacal en fecha de 30-10-1998 y reformado el 23-12-1998, quienes, con sus respectivas esposas, conforman la totalidad de los propietarios de la unidad, con la finalidad de proceder a su gestión y ejecución, designándose, como representante de esta administración, en el órgano rector de la junta al concejal Juan Enrique Magdalena Chan y requiriéndose a los propietarios afectados la constitución, mediante escritura pública, de la junta de compensación de la unidad, en el plazo de tres meses desde la firmeza en vía administrativa del acto de

aprobación de estatutos y bases, cuyo texto definitivo es el publicado en el BOP nº 54, del 22-3-1999, al adecuarse a las disposiciones de la Ley 6/1998, de 13 de abril.

Lo que se hace público para su ejecutividad, significándose que contra el acto administrativo adoptado, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse bien el recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó y en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su modificación, conforme a lo establecido en el artículo 116.1º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción dada por la Ley 4/1999, o bien directamente el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 8.1º y 46.1º de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

De interponerse el recurso potestativo de reposición, éste deberá ser resuelto y notificado en el plazo de un mes según se establece en el artículo 117.2º de la citada Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, entendiéndose desestimado por el transcurso del mencionado plazo sin resolución expresa, de conformidad con lo establecido en el artículo 43.2º de esta Ley 30/1992, podiendo entonces interponerse recurso contencioso-administrativo dentro del plazo de seis meses contados desde el día siguiente de aquél en que deba entenderse presuntamente desestimado el recurso de reposición interpuesto, conforme a lo establecido en el artículo 46.1º y 4º de la Ley 29/1998.

No obstante, también se podrá interponer cualquier otro recurso que los interesados estimen procedentes con arreglo a derecho.

Pontevedra, 3 de junio de 1999.

Juan Luis Pedrosa Fernández

Alcalde

Julio Dapena Outomuro

Secretario general