El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 27-6-1996, adoptó el siguiente acuerdo:

«Prestar aprobación definitiva al proyecto de urbanización de la futura plaza pública que se situará a la altura de los números 22 y 24 de la calle Doctor Loureiro Crespo, promovido mediante iniciativa particular por Roprovisa, S.L. y otros propietarios de inmuebles afectados por la futura plaza, y redactado por el arquitecto Rafael Vázquez Abal, con visado colegial de 5-5-1995 y planos nº U-1, U-2 y U-4, de la misma autoría y con visado del COAG de 20-7-1995 y 6-11-1995 respectivamente, desestimándose, de conformidad con los hechos y motivaciones expuestas, las alegaciones formuladas durante la tramitación del procedmiento oponiéndose a la aprobación del presente proyecto, haciendo constar, asimismo, que el presente acto administrativo se otorga en ejercicio de las atribuciones urbanísticas y de régimen local que corresponden a esta administración municipal y sin perjuicio de terceros o del derecho de propiedad, de tal modo que no podrán iniciarse las obras de urbanización hasta

tanto los promotores no ofrezcan en escritura pública la totalidad de los terrenos que conforman la plaza, completamente libres de cargas y cualesquiera gravámenes e incluso arrendamientos a este ayuntamiento, prestándose fianza en cualquiera de las ofrmas admitidas por la legislación de régimen local, en cuantía de 9.772.107 pesetas, para garantizar el cumplimiento de la ejecución de la obra, reconociéndose la utilidad pública de la presente ejecución de la plaza

prevista como actuación asistemática por el Plan General de Ordenación Urbana. Esta cesión, no obstante, se entiende sin perjuicio del derecho de ocupación para que se proceda a la ejecución de las obras, teniendo que entregarse las instalaciones que conforman la futura plaza pública aportando certificado de final de obra de los facultativos directores de la misma, formalizándose en actas que suscribirán este ayuntamiento y los promotores».

Lo que se hace público para su ejecutividad, significándose que contra este acto administrativo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el plazo de dos meses computados a partir del día siguiente a esta publicación, previa comunicación al órgano que dictó el acto impugnado, y ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Pontevedra, 1 de agosto de 1996.

Juan Luis Pedrosa Fernández

Alcalde

Adolfo Castro Pérez

Secretario accta.

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