En fecha 29 de noviembre de 2023, la Sala de lo Civil/Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictó providencia que declara firme la Sentencia 86/2023, por la que se condena a María Cristina López Vázquez, funcionaria de carrera del cuerpo superior de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, como autora de un delito continuado de utilización de documentos auténticos por persona no legitimada para ello (utilización de DNI) del artículo 400.bis y 74.1 del Código penal en concurso de normas (artículo 8.3 del Código penal criterio de absorción), de un delito continuado de falsedad en documento mercantil (nóminas y recibos bancarios) del artículo 392.1 en relación con el artículo 390.1.2º) y 74.1 del Código penal, en concurso medial, artículo 77.1 y 3, de un delito continuado de estafa de los artículos 248.1, 249 y 74.1 y 2 del Código penal, entre otros, a la pena de inhabilitación especial para desempeñar cualquier trabajo/función en oficinas de empleo/organismos del Servicio Público de Empleo de Galicia un año y seis meses.

Teniendo en cuenta el artículo 67.2 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, en el que se establece que la pena principal o accesoria de inhabilitación especial, cuando tenga carácter firme, produce la pérdida de la condición de funcionario de carrera respeto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia, la Consellería de Hacienda y Administración Pública, en uso de las facultades conferidas por el Decreto 113/2022, de 16 de junio, y la Orden de 8 de enero de 2020,

RESUELVE:

Declarar la pérdida de la condición de funcionaria de carrera del cuerpo superior de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia de María Cristina López Vázquez respecto a los cargos especificados en la sentencia, con la anotación correspondiente en el Registro Central de Personal y con efectos desde el día 9 de febrero de 2024.

Santiago de Compostela, 20 de marzo de 2024

El conselleiro de Hacienda y Administración Pública
P.D. (Orden de 7.1.2020)
José María Barreiro Díaz
Director general de la Función Pública