Antecedentes de hecho:

Primero. El Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (en adelante, IGVS) tiene implantado desde el año 2015 el Programa de bono de alquiler social en el marco del Plan RehaVIta, Plan gallego de rehabilitación, alquiler y mejora de acceso a la vivienda 2015-2020. Desde su implantación se realizaron sucesivas convocatorias de este programa en los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

Este programa tiene por objeto subvencionar la renta mensual del alquiler para unidades de convivencia con recursos económicos limitados. El importe máximo de esta ayuda, con carácter general, no excede del 50 % de la renta máxima correspondiente a la zona territorial donde esté situada la vivienda objeto del contrato de arrendamiento.

Segundo. En el Boletín Oficial del Estado número 91, de 1 de abril de 2020, se publicó el Real decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19. El artículo 11.1 indica que «...mediante Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se sustituirá el Programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual previsto en el Real decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan estatal de vivienda 2018-2021, por el nuevo Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables».

En el Boletín Oficial del Estado número 101, de 11 de abril de 2020, se publicó la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, se sustituye y se modifican los correspondientes programas de ayudas del Plan estatal de vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19.

En el artículo 3 de esta orden ministerial se establece la supresión del Programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual y su sustitución por el Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables.

En el punto 1 del artículo 4 de la orden ministerial se señala que «el objeto de este programa es facilitar una solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables».

En el punto 6 del artículo 4 se establece que «las comunidades autónomas podrán conceder estas ayudas de forma inmediata, mediante adjudicación directa, a las personas beneficiarias con la sola acreditación de la condición de víctima de violencia de género, del desahucio ou lanzamiento, inminente o ya realizado, de la vivienda habitual, de la condición de persoa sin hogar o de la condición de persona especialmente vulnerable».

Tercero. El 10 de diciembre de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado número 322, el Real decreto 1084/2020, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Real decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan estatal de vivienda 2018-2021, y la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19.

Mediante este real decreto se modificó, entre otros preceptos, la disposición adicional segunda del Real decreto 106/2018, que en su nueva redacción establece que «las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán conceder las ayudas recogidas en este real decreto hasta el 31 de diciembre de 2022, siempre que la concesión se realice con cargo a los fondos transferidos por el Ministerio en el ejercicio 2021 o anteriores».

Cuarto. El programa específico de ayudas del bono de alquiler social que, como se indicó en el punto primero, está implantado desde hace años en la Comunidad Autónoma de Galicia, responde a la misma finalidad que el nuevo programa del Plan estatal de vivienda. La situación económica de los colectivos beneficiarios de este programa de ayudas resultó especialmente afectada como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y, en consecuencia, en el Diario Oficial de Galicia (en adelante, DOG) de 22 de mayo de 2020 se publicó la Resolución de 19 de mayo de 2020, de concesión directa de la ayuda complementaria a la de los programas del bono de alquiler social y del bono de alquiler social destinado al arrendamiento de viviendas para las víctimas de violencia de género. Mediante el otorgamiento de esta subvención complementaria a las de las ayudas ordinarias de los programas autonómicos señalados, se consiguió subvencionar la totalidad de la renta mensual del contrato de arrendamiento que tienen que pagar las personas beneficiarias desde abril de 2020.

Quinto. El 23 de febrero de 2021 se publicó en el DOG la Resolución de 19 de febrero de 2021 de concesión directa de la ayuda complementaria a la del Programa de bono de alquiler social.

Sexto. La previsible evolución de la economía a raíz de esta pandemia y la vulnerabilidad de estas unidades de convivencia aconsejan mantener esta medida excepcional durante el año 2022, que inicialmente se aplicará a través de esta resolución a las personas beneficiarias del Programa del bono de alquiler social.

Séptimo. La tramitación de esta resolución se ajusta a la Orden de la Consellería de Economía y Hacienda de 11 de febrero de 1998 por la que se regula la tramitación anticipada de los expedientes de ayudas y subvenciones en el ejercicio inmediatamente anterior al de los presupuestos con cargo a los cuales se vayan a imputar los correspondientes gastos. Con este fin, al financiar esta medida con remanentes de fondos finalistas del Estado que provienen del Plan 2018-2021, estos se incorporaran en el presupuesto para la Comunidad Autónoma de Galicia de 2022, al amparo de la disposición adicional segunda del Real decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan estatal de vivienda 2018-2021.

Consideraciones legales y técnicas:

Primera. La competencia para dictar esta resolución corresponde a la persona titular de la Presidencia del IGVS, de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y el Decreto 97/2014, de 24 de julio, por el que se establece la estructura orgánica del IGVS.

Segunda. La concesión de estas ayudas se realizará de forma directa, de conformidad con lo establecido en los artículos 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y 19.4.c) y 26 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, en relación con el artículo 40 de su reglamento, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero, al concurrir razones de interés público, social, económico y humanitario. Estas circunstancias quedan acreditadas por el informe de los servicios sociales de los ayuntamientos, que necesariamente debe incorporarse al procedimiento de concesión de las ayudas del programa del bono de alquiler social y donde se valoran las circunstancias personales, sociales y económicas que aconsejan la concesión de esta ayuda por tratarse de colectivos vulnerables.

RESUELVO:

Primero. Objeto y finalidad

1. Esta resolución tiene por objeto aprobar la concesión directa de las subvenciones complementarias a la del programa del bono de alquiler social.

2. Estas ayudas son complementarias a las subvenciones concedidas a las personas beneficiarias del programa de bono de alquiler social y tienen la finalidad de subvencionar, conjuntamente con estas, el importe mensual de la renta del alquiler de la vivienda, satisfaciendo de esta forma una solución habitacional a colectivos especialmente vulnerables.

Segundo. Normativa de aplicación

En todo lo no contemplado en esta resolución se aplicará lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones; en su Reglamento aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio; en la Ley 9/2007, de 13 de junio; en su Reglamento aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas; en la Orden de 18 de diciembre de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del Programa del bono de alquiler social y en el Real decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan estatal de vivienda 2018-2021.

Tercero. Crédito presupuestario

1. Estas ayudas complementarias se harán efectivas con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2022 en la aplicación presupuestaria 08.81.451B.480.6 por el importe de 459.000 euros.

2. De conformidad con lo establecido en la Orden de 11 de febrero de 1998 por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto, el otorgamiento de estas ayudas complementarias queda supeditado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2022 para financiar las obligaciones derivadas de su concesión.

Cuarto. Personas beneficiarias y requisitos

1. Serán beneficiarias de estas ayudas complementarias todas las personas que a la fecha de publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia tengan una resolución de concesión inicial o, en su caso, de prórroga del Programa de bono de alquiler social, así como aquellas otras que resulten beneficiarias del citado programa en virtud de la convocatoria correspondiente a la anualidad 2022.

2. Será requisito necesario para ser persona beneficiaria de estas ayudas que en el expediente de concesión conste el correspondiente contrato de arrendamiento de la vivienda aportado por la persona interesada.

3. No podrán ser beneficiarias de esta ayuda las personas a quienes les fuese declarada la pérdida del derecho o revocación de la subvención concedida en el marco del anterior programa o en las que concurra alguna de las situaciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 10.2 de la Ley 9/2007, de 13 de junio.

Tampoco podrán ser beneficiarias de estas subvenciones complementarias aquellas personas beneficiarias del programa del bono de alquiler social cuando la renta de su contrato de arrendamiento sea satisfecha íntegramente con la ayuda del citado programa.

Quinto. Cuantía de la ayuda y duración

1. La cuantía de la ayuda será por el importe de la renta mensual del contrato de arrendamiento de la persona beneficiaria no subvencionado en el marco del programa del bono de alquiler social. En el caso de que tuviesen reconocida esta ayuda en los años 2020 y/o 2021, el importe mensual de la ayuda complementaria para el año 2022 será la misma que viniesen percibiendo en los años 2020 y/o 2021.

2. En ningún caso el importe de esta ayuda complementaria, conjuntamente con la ayuda del programa del bono de alquiler social, podrá superar el límite máximo de la renta del contrato de arrendamiento que figure en el respectivo expediente, ni la ayuda complementaria podrá exceder del importe máximo de ayuda mensual previsto en el artículo 6 de la Orden de 18 de diciembre de 2018.

3. La ayuda se concederá desde el mes de la fecha de la resolución de concesión de la ayuda hasta el 31 de mayo de 2022, siempre que en el expediente conste el contrato de arrendamiento aportado por la persona beneficiaria. En el supuesto de que el contrato de arrendamiento se aporte con posterioridad a la fecha de la resolución de concesión, la ayuda se reconocerá desde el mes de la fecha de presentación del contrato, salvo que este tuviese efectos económicos posteriores, en cuyo caso se concederá la ayuda desde ese mes hasta el 31 de mayo de 2022.

Sexto. Procedimiento de concesión

1. El procedimiento de concesión de estas ayudas se inicia de oficio mediante esta resolución.

2. La tramitación de este procedimiento será realizado por el Área Provincial del IGVS donde esté situada la vivienda, sin que sea necesario que las personas interesadas tengan que presentar solicitud alguna.

3. Los datos necesarios para tramitar el procedimiento son los que figuran en el expediente del Programa del bono de alquiler social.

4. La resolución de concesión específica de la ayuda complementaria será dictada por la persona titular de la Dirección General del IGVS.

5. Contra la resolución se podrá interponer recurso de alzada, ante la persona titular de la Presidencia del IGVS, en el plazo de un (1) mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación.

Séptimo. Justificación de la subvención

La subvención se justificará mediante la presentación, dentro de los diez primeros días naturales de cada mes, de una declaración responsable en la que la persona beneficiaria indique que continúa residiendo en la vivienda alquilada, que deberá ir dirigida al Área Provincial del IGVS donde esté situada la vivienda. Esta declaración responsable podrá presentarse por vía electrónica accediendo a la Carpeta ciudadana de la persona interesada o en formato papel, por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Octavo. Pago de la subvención

El pago de la subvención complementaria será mensual y se realizará mediante transferencia bancaria en la cuenta de la persona arrendadora que conste en el expediente del bono de alquiler social.

Noveno. Obligaciones de las personas beneficiarias

Además de las recogidas en esta resolución y en el artículo 11 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, serán obligaciones de las personas beneficiarias:

a) Presentar, dentro del plazo señalado en el ordinal séptimo, las declaraciones responsables de que continúa residiendo en la vivienda alquilada.

b) Facilitar toda la información que requieran la Intervención General de la Comunidad Autónoma, el Tribunal de Cuentas o el Consejo de Cuentas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control del destino de las ayudas.

c) Permitir al IGVS la realización de las inspecciones o las comprobaciones que se consideren oportunas para verificar la exactitud de los datos aportados o el destino de la subvención concedida.

d) Comunicar al Área Provincial del IGVS donde esté situada la vivienda alquilada cualquier modificación de las circunstancias determinantes del reconocimiento de la subvención.

Décimo. Pérdida y reintegro de la subvención

1. Podrán ser causa de pérdida y posterior reintegro de la subvención, además de los supuestos previstos en el artículo 33 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, los siguientes:

a) El incumplimiento de las obligaciones recogidas en el ordinal anterior.

b) La pérdida y reintegro de la subvención del Programa del bono de alquiler social.

2. El incumplimiento o la falsedad en las condiciones requeridas para el otorgamiento de la subvención comportará, además de las sanciones que puedan corresponder, el reintegro de la subvención percibida, incrementada con el interés legal correspondiente desde su pago, más el 25 %, según establece el artículo 34 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, salvo que la Ley de presupuestos generales del Estado establezca otro diferente.

3. El procedimiento para declarar la procedencia de la pérdida del derecho de cobro de la subvención y, en su caso, para hacer efectiva la devolución, será el establecido en el título II de la Ley 9/2007, de 13 de junio.

Decimoprimero. Incompatibilidad

Esta subvención es incompatible con otras ayudas establecidas para la misma finalidad que se puedan contener en programas estatales o autonómicos en materia de vivienda, salvo con las propias ayudas del programa del bono de alquiler social.

Decimosegundo. Recursos contra esta resolución

Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella podrán interponerse los siguientes recursos, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan presentar cualquier otro que consideren procedente:

a) Recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Presidencia del IGVS en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el DOG, según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

b) Recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de Santiago de Compostela, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el DOG, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Decimotercero. Efectos

Esta resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 28 de diciembre de 2021

Ángeles Vázquez Mejuto
Presidenta del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo