Yo, María Teresa Vázquez Abades, letrada de la Administración de justicia del Juzgado de lo Social número 1 de Santiago de Compostela, hago saber que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 263/2018 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de Nikol Dahiana Legro Barahona contra Silvia Lorena Guiarratan e Fogasa, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Decreto

Letrada de la Administración de justicia: María Teresa Vázquez Abades.

En Santiago de Compostela, a veintiocho de agosto de dos mil diecinueve.

Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar a la ejecutada Silvia Lorena Guiarratan en situación de insolvencia total por importe de 20.133,96 euros en concepto de principal (1.917,52 euros en concepto de indemnización y 18.216,44 euros en concepto de salarios de tramitación), más otros 2.013,39 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses y costas que puedan derivarse de la ejecución, sin perjuicio de su posterior liquidación, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, sin perjuicio de reaperturar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

c) Una vez firme la presente resolución, procédase a su inscripción en el registro correspondiente.

d) Expedir los testimonios de las resoluciones procedentes, que se entregarán a la parte ejecutante en la oficina judicial de este juzgado.

Modo de impugnación. Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma, con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente (artículo 188 de la LJS).

La letrada de la Administración de justicia»

Y para que sirva de notificación en legal forma a Silvia Lorena Guiarratan, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2019

La letrada de la Administración de justicia