El artículo 24 de nuestra Constitución garantiza el derecho fundamental a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales a todas las personas en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos y, asimismo, a la defensa y a la asistencia de letrado. Este derecho fundamental se complementa con lo dispuesto en el artículo 119 de la Carta Magna, donde se establece que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto a quien acredite insuficiencia de recursos para litigar. Por lo que respecta a esta materia, la Comunidad Autónoma de Galicia posee plenas competencias, ya que a través del Real decreto 2166/1994, de 4 de noviembre, le fueron transferidos por la Administración del Estado los medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de justicia, entre los que se encuentra el abono de la compensación económica a los colegios de procuradores de los tribunales por las actuaciones de sus colegiados en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita.

Con la entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, esta materia fue objeto de una profunda reforma y como consecuencia del Real decreto 2166/1994, de 4 de noviembre, por el que le fueron transferidas por la Administración del Estado a Galicia los medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de justicia, entre los cuales se encuentra el abono de la compensación económica a los colegios de abogados y de procuradores de los tribunales por las actuaciones de sus colegiados en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita, la Comunidad Autónoma gallega realizó el desarrollo normativo de dicha Ley 1/1996, en un primer momento a través del Decreto 146/1997 y, posteriormente, con la pertinente reforma de este para su necesaria adaptación al contexto actual, mediante el vigente Decreto 269/2008, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita de Galicia, modificado por el Decreto 138/2012, de 21 de junio.

Por otro lado, el 14 de octubre de 2003 la Xunta de Galicia y el Consejo Gallego de los Procuradores firmaron un acuerdo para establecer el baremo de la compensación económica de la asistencia jurídica gratuita de estos profesionales, con un ámbito temporal por lo que durante el año 2008 se debería negociar, y en su caso, aprobar, un nuevo acuerdo para los siguientes años. Por diversas circunstancias no fue posible alcanzar en el ámbito negocial ese nuevo acuerdo, y previas las obligadas conversaciones con el Consejo Gallego de los Procuradores, ambas instituciones acordaron la prórroga del baremo establecido en el acuerdo del año 2003 en las cantidades de compensación económica que rigieron en el año 2008 actualizadas por la Orden de esta consellería de 2 de julio de 2009 al tiempo que las partes inician un proceso negociador con la finalidad de alcanzar un acuerdo para los próximos anos.

Asimismo, la Orden de 2 de agosto de 2012 desarrolla la regulación de las certificaciones y justificaciones trimestrales establecidas en el Decreto 269/2008, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita de Galicia.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto,

DISPONGO:

Primero. La prórroga del Acuerdo de 14 de octubre de 2003 entre la Xunta de Galicia y el Consejo Gallego de los Procuradores, por lo que se estableció el baremo de la compensación económica de la asistencia jurídica gratuita.

Segundo. Durante el segundo trimestre del año 2017 las cantidades del baremo de la compensación económica de la asistencia jurídica gratuita serán las que rigieron durante el año 2008, actualizadas por la Orden de esta consellería de 2 de julio de 2009 especificadas en el anexo de la presente orden. Estas cantidades deberán ser certificadas trimestralmente por los colegios de procuradores, siguiendo estrictamente el orden de tipologías recogidas en el modelo que figura en el anexo de la presente orden, de acuerdo con el artículo 38.3 del Decreto 269/2008, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita de Galicia, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los apartados primero, segundo y tercero de la Orden de 2 de agosto de 2012.

Tercero. Los procuradores percibirán el 100 % de la compensación económica correspondiente a su actuación profesional cuando acrediten la realización de alguno de los siguientes trámites procesales:

a) En los procesos penales, la presentación de la copia de la diligencia o solicitud de la actuación procesal en la que intervenga el procurador, o la apertura del juicio oral.

b) En los procesos civiles, la presentación de la copia de la providencia de admisión de la demanda o de haber formulado la contestación de la misma.

c) En los demás procesos, la presentación de la copia de la diligencia judicial acreditativa de la intervención del procurador de los tribunales.

d) En las apelaciones civiles, la presentación de la copia de la providencia por la que se admite a trámite el recurso o, si procede, la comparecencia ante la sala.

e) En las apelaciones penales, la presentación de la copia de la resolución judicial en la que se tenga por formalizado o impugnado el recurso o el señalamiento para la vista.

f) En los recursos de casación formalizados, la presentación de la copia de la providencia por la que se tenga por interpuesto el recurso.

En los anuncios de recurso de casación que no llegan a ser formalizados, la presentación de la copia del anuncio del recurso, debidamente justificada.

g) En las ejecuciones de sentencias que se produzcan transcurridos más de dos años después de recaída resolución judicial, presentación de la copia de petición de ejecución, debidamente acreditada.

Los documentos referidos podrán ser sustituidos por la copia sellada por el órgano judicial de la primera hoja del escrito presentado.

Cuarto. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 44.1 del Decreto 269/2008 y de lo dispuesto en la Orden de 2 de agosto de 2012, dentro del mes natural siguiente al de la finalización del segundo trimestre de 2017, el colegio de procuradores remitirá a la Dirección General de Justicia una certificación que contenga los datos relativos a las actuaciones realizadas por los profesionales durante ese período en las cuales exista reconocimiento expreso del derecho a la asistencia jurídica gratuita, así como una relación desglosada a que hace referencia la Orden de 2 de agosto de 2012.

Quinto. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 48 del Decreto 269/2008, de 6 de noviembre, y segundo lo establecido en la Orden de 2 de agosto de 2012, los colegios de procuradores deberán remitir la justificación trimestral de los fondos percibidos a los que se refiere el artículo 47 de dicho Decreto 269/2008.

Disposición final

Esta orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 11 de agosto de 2017

Alfonso Rueda Valenzuela
Vicepresidente y conselleiro de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia

ANEXO

Módulos y bases de la compensación económica
Baremos para el segundo trimestre del año 2017

Procuradores/tipología

Jurisdicción penal:

Código	Denominación	Módulo
101	Procedimiento ante el juzgado de instrucción en sumarios o causas ante el tribunal del jurado.	36,91 €
102	Intervención ante el juzgado de instrucción en procedimientos abreviados de especial complejidad (actuaciones de más de 1.000 folios).	25,68 €
103	Intervención ante el juzgado de instrucción en procedimientos abreviados.	14,02 €
104	Intervención ante el juzgado de instrucción en juicios rápidos.	25,68 €
105	Juicio oral ante la audiencia provincial.	21,09 €
106	Juicio oral ante el juzgado de lo penal.	21,01 €
107	Juicio por delitos leves (*).	28,02 €
108	Recurso de apelación.	31,53 €
109	Procedimiento ante el juzgado de vigilancia penitenciaria (*).	23,35 €

Jurisdicción civil:

Código	Denominación	Módulo
201	Procedimiento ordinario.	44,37 €
202	Juicio verbal y procesos especiales.	35,02 €
203	Proceso matrimonial contencioso (completo).	52,53 €
204	Proceso matrimonial de mutuo acuerdo.	36,91 €
205	Medidas provisionales previas.	14,02 €
206	Modificación de medidas definitivas.	49,03 €
208	Ejecución de títulos judiciales con oposición o posteriores a dos años.	30,00 €
209	Recurso de apelación tramitación ante la Instancia.	18,92 €
210	Recurso de apelación tramitación ante la Audiencia.	12,61 €

Jurisdicción contencioso-administrativa:

Código	Denominación	Módulo
301	Recurso contencioso-administrativo (*).	35,02 €
302	Recurso de apelación (*).	31,53 €

Jurisdicción social:

Código	Denominación	Módulo
401	Proceso laboral (*).	36,91 €
402	Recurso de suplicación (*).	31,53 €

Jurisdicción militar:

Código	Denominación	Módulo
501	Proceso íntegro.	35,02 €

Recursos de casación y amparo:

Código	Denominación	Módulo
606	Recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.	35,02 €

Normas generales:

Código	Denominación	Módulo
701	Ejecución de sentencia posterior a los dos años de recaída a la resolución judicial, excepto la jurisdicción civil.	20,00 €

(*) Cuando la intervención del procurador sea requerida expresamente por la autoridad judicial de conformidad con el artículo 6.3 de la Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita.