La directora de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística el día 18 de febrero de 2013 dictó resolución por la que se declara que las obras promovidas por Mª Jesús Souto Rodríguez, Jesús Castiñeira Castiñeira y Juan José Alvite Castiñeira, ejecutadas en suelo rústico sin autorización urbanística autonómica, consistentes en la construcción de una vivienda unifamiliar y solera pavimentada, barbacoa, fosa séptica, caseta de obra y galpón, elementos auxiliares del uso de la vivienda, en el lugar de A Fraguiña, s/n, parroquia de Bribes, en el término municipal de Cambre, provincia de A Coruña, no son legalizables por ser incompatibles con el ordenamiento urbanístico.

Al no poder realizarse la notificación personal de aquella resolución, mediante esta cédula, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LRJPAC), se le notifica a los interesados dicha resolución.

Teniendo en cuenta que, en atención a lo previsto en el artículo 61 de la LRJPAC, el acto no se publica en su integridad, se hace saber a los interesados que el texto íntegro de la resolución que se notifica se encuentra a su disposición en las dependencias de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística sitas en el Edificio Witland, Salgueiriños, en Santiago de Compostela, para su consulta en el plazo de 10 días hábiles, que se contarán desde el día siguiente al de la publicación de esta cédula. Transcurrido dicho plazo, la notificación se entenderá producida.

Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados pueden interponer recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que se haya producido la notificación, ante la directora de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, o bien, se no ejercita su derecho a presentar recurso potestativo de reposición, pueden interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el juzgado de lo contencioso-administrativo en cuya circunscripción radique el inmueble afectado, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.1, regla tercera de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contenciosa-administrativa.

Para que conste y le sirva de notificación a los citados interesados, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, expido y firmo esta cédula.

Santiago de Compostela, 11 de marzo de 2013

María Martínez Allegue
Directora de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística