El subdirector de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, por sustitución de la directora (artículo 3 del Decreto 51/2008, de 6 de marzo; DOG nº 59, de 27 de marzo), dictó el 2 de agosto de 2012 la resolución por la cual se resuelve no admitir a trámite el recurso potestativo de reposición interpuesto por Francisco Martín Vidal Meis, contra la Resolución de 5 de octubre de 2011, dictada por la directora de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, por la que se impone al recurrente una segunda multa coercitiva por importe de 2.000 euros, al incumplir lo ordenado en la Resolución de 24 de mayo de 2010, que declara ilegalizables las obras promovidas por Francisco Martín Vidal Meis ejecutadas en suelo rústico, sin autorización autonómica, consistentes en la construcción de una vivienda unifamiliar de planta semisótano, planta baja y planta bajo cubierta de 141 m² en el lugar de Magor, parroquia de Noalla, en el término municipal de Sanxenxo, Pontevedra.

Al no poder realizarse la notificación personal de la referida resolución al citado interesado, mediante esta cédula, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LRJPAC), se le notifica al citado interesado dicha resolución.

Teniendo en cuenta que, en atención a lo previsto en el artículo 61 de la LRJPAC, el acto no se publica en su integridad, se le hace saber al interesado que el texto íntegro de la resolución que se le notifica se encuentra a su disposición en las dependencias de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, sitas en el Edificio Witland, 1ª planta, Salgueiriños, en Santiago de Compostela, para su consulta en el plazo de 10 días hábiles, que se contarán desde el día siguiente al de la publicación de esta cédula. Transcurrido dicho plazo la notificación se entenderá producida.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante el juzgado de lo contencioso-administrativo en cuya circunscripción radique el inmueble afectado, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.1.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente a aquel en que se haya producido la notificación, según lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada ley.

Para que conste y le sirva de notificación al interesado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5º de la LRJPAC, expido y firmo esta cédula.

Santiago de Compostela, 20 de agosto de 2012

P.S. (Artículo 3 del Decreto 51/2008, de 6 de marzo; DOG nº 59, de 27 de marzo)
José María Domínguez Blanco
Subdirector de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística