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DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 75 Jueves, 19 de abril de 2012 Pág. 14367

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo

CÉDULA de 12 de marzo de 2012, de la Jefatura Territorial de Pontevedra de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, por la que se notifica a las personas interesadas que se indican la propuesta de resolución del procedimiento de desahucio por ocupación sin título legal DT-008/11.

De conformidad con los artículos 58, 59 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, después de que se intentase en dos ocasiones la notificación personal en el último domicilio conocido, se notifica a las personas interesadas la propuesta de resolución del procedimiento de desahucio por ocupación sin título legal que se detalla en el anexo.

Pontevedra, 12 de marzo de 2012.

(Decreto 317/2009, de 4 de junio)
José Luis Díez Yáñez
Jefe territorial de Pontevedra de la Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestructuras

ANEXO

Expediente: DT-008/11.

Nombre: María Elena Gómez Lorenzo.

Dirección: calle Celso Emilio Ferreiro, n.º 11-4.º A, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra.

Asunto: notificación de la propuesta de resolución del procedimiento de desahucio admi-nistrativo por ocupación sin título legal DT-008/11.

Recursos: notifíquese la presente propuesta a los interesados haciéndoles saber de su derecho a formular alegaciones así como a presentar los documentos y justificantes que estimen convenientes, en un plazo de quince días, que se contarán a partir del día siguiente al de la notificación de la presente propuesta.

Igualmente, se pone en su conocimiento que a partir de este momento podrán acceder al contenido del expediente en estas dependencias administrativas y que pueden obtener copias de los documentos que constan en él, al amparo de lo establecido en los artículos 3.1 y 19 del Real decreto 1398/1993, concediéndoseles un plazo de quince días, para formular alegaciones y presentar los documentos e información que estimen pertinentes.