Por iniciativa de las correspondientes asociaciaciones podrán ser declaradas de utilidad pública aquellas que reúnan los siguientes requisitos establecidos en el artículo 32 de la Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociaciones.

El Decreto 157/2008, de 10 de julio, sobre asunción de funciones de la Administración del Estado traspasadas a la Comunidad Autónoma de Galicia, mediante el Real decreto  1080/2008, de 30 de junio, en materia de declaración de utilidad pública de asociaciones, asigna estas funciones a la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, estableciendo que será competente para resolver el procedimiento de declaración de utilidad pública la persona titular de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, previa instrucción del procedimiento por el órgano correspondiente.

Previa solicitud de las asociaciones fueron instruidos los expedientes de conformidad con lo previsto en el Real decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativo a asociaciones de utilidad pública, y en los mismos consta la documentación y los informes previsto en la citada norma.

De conformidad con los informes favorables de declaración de utilidad pública, emitidos por la instructora de los expedientes

RESUELVO:

Declarar de utilidad pública las siguientes asociaciones:

Asociación de Pais de Persoas con Trastorno do Espectro Autista de Centros de Apoio Familiar (APACAF), inscrita en el Registro Central de Asociaciones de la Comunidad Autónoma, con el número 2004/6990-1.

Asociación de Axuda ao Toxicómano Érguete, inscrita en el Registro Central de Asociaciones de la Comunidad Autónoma, con el número 2007/10338-1.

Asociación de Pais Profesionais e Amigos das Persoas con Discapacidade Intelectual Special Olympics Galicia, inscrita en el Registro Central de Asociaciones de la Comunidad Autónoma, con el número 2000/550-1.

Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso contencioso-administrativo ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, pudiendo interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, segun lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Santiago de Compostela, 3 de mayo de 2011.

Alfonso Rueda Valenzuela
Conselleiro de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia