De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, se notifica a la persona que en el anexo se menciona el acuerdo de iniciación dictado en expediente sancionador por infracción de la Ley orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de protección de la seguridad ciudadana, por no ser posible su notificación.

La competencia para imponer esta clase de sanciones le corresponde a los delegados provinciales de la Consellería de Justicia, Interior y Relaciones Laborales según el Real decreto 1640/1996, de 5 de julio, desarrollado por el Decreto 360/1996, de 26 de septiembre, de atribución a órganos de la Comunidad Autónoma de Galicia del ejercicio de la potestad sancionadora en materia de espectáculos públicos, en relación con el artículo 29.1 d) de la Ley orgánica 1/1992.

Se nombra instructora del expediente a la secretaria provincial, María Silva Costoya, y secretario a Manuel Jesús César Couso, puesto base grupo B, que podrán ser recusados en cualquier momento de la tramitación del expediente en los casos y en la forma prevista en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. El interesado dispone de un plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación de la presente notificación, para ejercitar el derecho de audiencia y formular alegaciones, presentar documentos o informaciones que estime convenientes en su defensa y, en su caso, proponer prueba, pudiendo reconocer voluntariamente su responsabi

lidad con los efectos previstos en el artículo 8 del Real decreto 1398/1993.

En el supuesto de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento, en el plazo indicado, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Real decreto 1398/1993.

En cumplimiento del artículo 42.4º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común -LRJAPC- (modificada por la Ley 4/1999, del 13 de enero) se le informa que el plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento es de seis meses a contar desde el acuerdo -de conformidad con el artículo 20.6º del Real decreto 1398/1993-; y en el supuesto del vencimiento del plazo sin haber dictado resolución se producirá la caducidad del procedimiento con el archivo de las actuaciones, según señala el artículo 44.2º de la LRJPAC.

A Coruña, 28 de noviembre de 2000.

José Antonio Álvarez Vidal

Delegado provincial de A Coruña

ANEXO

Número expediente: AC-EP 357/2000.

Denunciado: Jesús Manuel Pailos López.

DNI 32.748.284.

Dirección: c/ Rueiro nº 8. Zas.

Establecimiento: sin nombre, en la calle Condes de Maceda nº 24 de Muxía.

Precepto infringido: 23 e) LO 1/1992.

Precepto sancionador: 28 LO 1/1992.

Multa máxima: de 50.001 a 5.000.000 de pesetas.