El Estatuto de autonomía de Galicia, en su artículo 27.23º, le asigna a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de asistencia social.

La Ley 4/1993, de 14 de abril, de servicios sociales para Galicia, en su artículo 50, prevé la posibilidad de concederles prestaciones y ayudas económicas a personas que se encuentren en estado de necesidad. El Decreto 488/1997, de 26 de diciembre, modificado por el Decreto 117/1999, de 23 de abril, y el Decreto 202/2000, de 21 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Familia y Promoción del Empleo, Mujer y Juventud, en su artículo 1, le atribuye a dicha consellería competencia en materia de familia, infancia y menores, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de autonomía de Galicia.

La Ley 3/1997, de 9 de junio, gallega de la familia, la infancia y la adolescencia prevee en su artículo 11.3.c) la regulación de prestaciones económicas o técnicas, que tengan por objeto incidir favorablemente en las situaciones de carencia familiar, y en el artículo 15.a) establece entre otras medidas preventivas, el apoyo a la infancia y a la adolescencia a través de medidas económicas o técnicas dirigidas a cubrir sus necesidades básicas y mejorar el entorno familiar, con el fin de garantizar el derecho a desarrollarse, siempre que sea posible, en el seno de su propia familia.

La orden de la Consellería de Economía y Hacienda de 11 de febrero de 1998 por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto señala, en su artículo 1.1º la posibilidad de dicha tramitación en el ejercicio inmediatamente anterior al de los presupuestos con cargo a los que se vayan imputar los correspondientes gastos, aún cuando su ejecución se realice en una o en varias anualidades; en el primer caso siempre que exista crédito adecuado y suficiente en el proyecto de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma aprobado por el Consello de la Xunta que corresponda al ejercicio presupuestario en el que se va materializar la contraprestación.

La aplicación de esta norma supone la posibilidad de agilizar el proceso de ejecución del presupuesto, beneficiando muy especialmente a los propios administrados y sin mengua de la soberanía del Parlamento toda vez que el artículo 3.1º dispone que en la tra

mitación anticipada de expedientes de subvenciones y otros gastos no contractuales se podrá llegar como máximo hasta el momento inmediatamente anterior al de disposición o compromiso de gastos.

En el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia y en el proyecto de Ley de presupuestos generales de la comunidad gallega para el año 2001, se establecen los requisitos y normas necesarios y básicos para la gestión y actividad económico-financiera, normativa a la que, en consecuencia se adaptará la presente orden, teniendo en cuenta en todo caso los principios de publicidad, objetividad y concurrencia.

En el citado proyecto de Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2001, aprobado por el Consello de la Xunta de Galicia de fecha 13 de octubre de 2000 en la aplicación 14.02.212A.482.0 existe partida presupuestaria para las ayudas que se establecen en la presente orden, reservándose para tal efecto un crédito de 328.603.000 pesetas, o su equivalente en euros.

En su virtud, en uso de las facultades que tengo atribuidas,

DISPONGO:

Artículo 1º.-Objeto y finalidad de estas ayudas.

La presente orden tiene por objeto la convocatoria de concesión de ayudas individuales, de carácter periódico, de prevención y apoyo a la familia para integración del menor, durante el ejercicio económico del año 2001. La finalidad de estas ayudas es proporcionar apoyo económico a familias para garantizar la atención adecuada a los menores a su cargo y favorecer la permanencia de estos en su medio, evitando los riesgos de desestructuración familiar.

Artículo 2º.-Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las familias con menores de edad que se encuentren en circunstancias carenciales graves y precisen de apoyos económicos para satisfacer sus necesidades básicas y evitar la desestructuración familiar.

Artículo 3º.-Cuantía de las ayudas.

La cuantía mínima y máxima que podrán alcanzar estas ayudas está comprendida entre diez mil pesetas (10.000 pesetas) y cincuenta mil pesetas (50.000 pesetas) mensuales por familia, sin que superen la cuantía de veinte mil pesetas (20.000 pesetas) por menor.

La determinación de la cuantía total de la ayuda a conceder por unidad familiar se establecerá en función de las circunstancias económicas y sociales que concurran en cada caso.

Artículo 4º.-Requisitos.

Serán requisitos necesarios para la concesión de las ayudas:

1. Residir en la Comunidad Autónoma gallega.

2. Que los menores no tengan cumplidos los 18 años de edad.

3. Que la renta per cápita anual del núcleo familiar no exceda de trescientas mil pesetas (300.000 pesetas).

4. Que la ayuda sea necesaria para garantizar la permanencia del menor en su medio familiar.

5. Que la familia pueda evolucionar cara a su plena autonomía e integración social, siendo estas ayudas un apoyo temporal.

6. Que la dinámica del núcleo familiar garantice la educación y normalización de la vida de estos menores en aspectos tales como alimentación y vestuario dignos, escolarización regularizada, atención médica adecuada, higiene y cuidado corporal y otros análogos.

Artículo 5º.-Solicitudes y documentación.

Las solicitudes se formularán mediante instancia subscrita por el representante de la unidad familiar según el modelo oficial (anexo I).

Cada solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:

1. Fotocopia del DNI del solicitante, y del resto de los miembros de la unidad de convivencia obligados a obtenerlo.

2. Fotocopia del libro de familia.

3. Justificación de haberes: última nómina de los miembros de la unidad convivencial que perciban haberes, declaración de IRPF o declaración jurada de los mayores de edad de no estar obligados a hacerla, certificación positiva o negativa de percepción de prestación económica del Inem referida asimismo a los mayores de edad; justificación de otros ingresos familiares de ser el caso. La justificación se hará de acuerdo con el modelo de declaración para los mayores de edad (anexo II).

4. Declaración de conjunto de todas las solicitudes efectuadas o concedidas por el mismo concepto, de las distintas administraciones públicas competentes.

5. Compromiso escrito por parte del solicitante (anexo III) de:

a) Aplicar las ayudas a la finalidad para la que sean concedidas.

b) Contribuir a la normalización e integración social del núcleo familiar.

c) Atender correctamente a la educación de los menores a su cargo.

d) Alcanzar cuanto antes la plena autonomía familiar.

e) Comunicarle en un plazo no superior a 15 días al órgano competente que tramitó la solicitud, cualquier modificación que afecte a las características de este tipo de ayudas.

Deberá adjuntarse a la documentación enviada por los solicitantes un informe social, elaborado por los servicios sociales municipales, que deberá ajustarse al modelo oficial descrito en el anexo IV. Dicho informe valorará y verificará los datos presentados, y propondrá las oportunas medidas a tomar, especificándose cómo se efectuará el seguimiento de las ayudas, tanto para garantizar su correcta aplicación como para procurar un apoyo periódico que posibilite cuanto antes la plena autonomía de estas familias.

En caso de que el solicitante recibiese una ayuda para la integración del menor durante el año 2000, a la solicitud se acompañará únicamente la justificación de haberes prevista en el punto 3, así como el preceptivo informe social (anexo V).

Artículo 6º.-Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

La solicitud y la documentación requerida se presentarán, en la delegación de la Consellería de Familia y Promoción del Empleo, Mujer y Juventud de la provincia donde tenga su domicilio el solicitante o bien en los ayuntamientos que tengan suscrito el convenio oportuno, que remitirán los expedientes a la delegación correspondiente, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 38.4º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente de su publicación, salvo en situaciones de extrema gravedad, debidamente justificadas, surgidas después de este plazo que terminará el 31 de octubre de 2001.

Artículo 7º.-Tramitación.

1. Las delegaciones provinciales comprobarán que todas las solicitudes reúnen los requisitos exigidos en la presente orden, requiriendo al interesado por escrito la enmienda de defectos que hubiese, con indicación de que si así no lo hiciese en el plazo de 10 días, se tendrá por desistido en su petición, luego de la correspondiente resolución, que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

2. Revisada la documentación y completada, en su caso, se remitirá a la comisión provincial de valoración, que tendrá la función de proponer la concesión, modificación, prórroga, suspensión, revocación o denegación de las mismas, siguiendo los criterios objetivos recogidos en la presente orden.

3. La composición de la Comisión Provincial de Valoración será la siguiente:

-Presidente: el jefe del servicio de Familia, Infancia y Menores de la delegación provincial.

-Vocales: el delegado provincial designará dos funcionarios, de los que uno de ellos actuará como secretario de la comisión. Asimismo, participará un repre

sentante de la Intervención Territorial, que actuará con voz pero sin voto.

4. Todos los actos de trámite efectuados en los expedientes de gasto regulados por esta orden se entenderán condicionados a que, al dictarse el acuerdo de compromiso de gasto, subsistan las mismas circunstancias de hecho y de derecho existentes en el momento en que fueron producidos aquellos actos. A estos efectos se podrá solicitar a los interesados declaración jurada acreditativa.

Artículo 8º.-Criterios de valoración.

Cuando el número de solicitudes con derecho a las ayudas sea tal que exceda el crédito presupuestario destinado para tal fin, la Comisión Provincial de Valoración aplicará los siguientes criterios para determinar dichas ayudas:

-Mayor número de hijos.

-Menores ingresos; la cuantía máxima se establecerá por la comisión en función del número de solicitudes.

-Desinternamiento.

-Evitar internamiento.

-Situación socio-familiar (familia monoparental, alquiler vivienda, existencia de minusválidos en la unidad familiar, tercera edad).

Artículo 9º.-Resolución.

1. La concesión de las ayudas, una vez fiscalizadas por la Intervención, les corresponderá, por delegación de la conselleira, a los delegados provinciales de la Consellería de Familia y Promoción del Empleo, Mujer y Juventud, según el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, que deberán resolver en el plazo máximo de 90 días, contados a partir de la publicación de esta orden. En las solicitudes extraordinarias de conformidad con el artículo 6º de la presente orden el plazo de resolución será de un mes a partir de la presentación de la solicitud. En el caso de no existir resolución expresa, transcurridos ambos plazos las solicitudes se tendrán por desestimadas.

2. La duración, cuantía y condiciones de las ayudas serán las que se especifiquen en la resolución de concesión.

3. Los delegados, igualmente por delegación de la conselleira, podrán modificar, suspender o revocar las ayudas concedidas, luego del informe de la comisión provincial de valoración, en los casos en que varíen las condiciones que motivaron la concesión o del incumplimiento total o parcial de los requisitos y condiciones establecidas para ella.

4. Las resoluciones de concesión, denegación, modificación, suspensión, revocación o prórroga de las ayudas dictadas les serán notificadas a los interesados y tendrán que ser motivadas.

5. La resolución agota la vía administrativa, y contra ella puede interponerse el recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente,

en el plazo de dos meses a partir del día siguiente de la notificación de dicha resolución de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.

Potestativamente, y con anterioridad a la interposición del referido recurso contencioso-administrativo, podrá interponerse el recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución. En este caso no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto el recurso de reposición.

Artículo 10º.-Abono de las ayudas.

La cuantía de la ayuda concedida se les abonarán a los solicitantes en abonos periódicos por mensualidades vencidas.

Antes del último pago, el solicitante presentará una declaración complementaria del conjunto de ayudas solicitadas, tanto las aprobadas o concedidas como las pendientes de resolución para el mismo proyecto de las distintas administraciones públicas o cualquiera de sus organismos, entes o sociedades.

En el plazo máximo de 15 días contados desde la finalización del período de percepción de la ayuda, el solicitante presentará una declaración jurada en la que justifique la ayuda y que los fondos percibidos fueron utilizados para los fines propuestos.

Artículo 11º.-Seguimiento.

El seguimiento de las ayudas será realizado, en cada caso, por el órgano receptor de las solicitudes, preferentemente por los servicios sociales municipales y consistirá en:

a) Evaluación y control en su aplicación, exigiéndose un mínimo de un informe anual de la situación de las familias beneficiarias, dicho informe se presentará en el último trimestre del año.

b) Apoyo y orientación a las familias para alcanzar cuanto antes su plena autonomía.

c) Poner en conocimiento de la Comisión Provincial de Valoración las circunstancias que puedan motivar la modificación o prórroga de las ayudas concedidas.

Artículo 12º.-Alteración

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales podrá dar lugar a la modificación de la resolución de la concesión.

Artículo 13º.-Reintegro.

Procederá al reintegro, total o parcial, de la subvención o ayuda pública percibida y los intereses de demora devengados desde el momento de su abono en los casos establecidos en el artículo 78.9º del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, según la redacción dada por la Ley 8/1999, de 30 de diciembre.

Artículo 14º

Los receptores de las ayudas o subvenciones quedan sometidos a las actuaciones de comprobación que acuerden la Consellería de Familia y Promoción del Empleo, Mujer y Juventud. Asimismo queda obligado a facilitar toda la información que le sea requerida por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, el Tribunal de Cuentas y el Consello de Contas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control del destino de las ayudas.

Disposiciones adicionales

Primera.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1º de la orden de la Consellería de Economía y Hacienda de 11 de febrero de 1998, en la tramitación anticipada de expedientes de subvenciones y otros gastos no contractuales se podrá llegar como máximo hasta el momento inmediatamente anterior al de la disposición o compromiso del gasto.

Segunda.-La concesión de estas ayudas tendrá como límite global el crédito consignado en el presupuesto para estos fines.

Tercera.-Se aprueba la delegación de competencias en los delegados provinciales de la Consellería de Familia y Promoción del Empleo, Mujer y Juventud, al amparo de lo establecido en el artículo 78 del Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundio de la Lei de régimen financiero y presupuestario de Galicia, para resolver la concesión, denegación, modificación o otras incidencias de las subvenciones previstas en esta orden, así como para autorizar los gastos y ordenar los correspondientes pagos.

Disposiciones finales

Primera.-Se autoriza a la directora general de Familia para dictar las normas que sean necesarias para el desarrollo de la presente orden.

Segunda.-La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia, comenzando a los efectos económicos de las ayudas concedidas el primer día de enero del año 2001.

Santiago de Compostela, 14 de noviembre de 2000.

Manuela López Besteiro

Conselleira de Familia y Promoción del Empleo,

Mujer y Juventud