El conselleiro de la Presidencia y Administración Pública dictó, en fecha 10 de octubre de 2000, resolución estimatoria del recurso formulado por José Roberto Fernández Castro contra la Resolución de 7 de julio de 2000, por la que se hacen públicas las listas definitivas para la cobertura con carácter temporal de puestos de trabajo reservados a personal laboral, reguladas en el Decreto 89/1997, de 10 de abril, correspondientes a la categoría 1 (técnico auxiliar en informática) (lista B) del grupo IV.

Dado que el carácter de la resolución es estimatorio de la petición del interesado, procede dar la debida publicidad a la modificación provocada por ésta, en las listas publicadas por Resolución de 7 de julio de 2000, en el sentido de que debe figurar en la lista para la cobertura con carácter temporal de puestos correspondientes a la categoría 1 (técnico auxiliar en informática) (lista B) del grupo IV, con los siguientes datos:

José Roberto Fernández Castro, DNI 35.313.123 lista B, puntuación: 2,070.

En el puesto número 24 en el ámbito geográfico D000 y en el puesto número 18 en el ámbito geográfico D3600.

En consecuencia, se varía correlativamente el orden de prelación de los solicitantes posteriores incluidos en la lista correspondiente.

La presente resolución no afecta a las modificaciones y/o exclusiones producidas como consecuencia de la propia gestión de las listas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el conselleiro de la Presidencia y Administración Pública en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución, o directamente, el recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña, conforme al artículo 14.2º de la Ley 29/1998, de 13

de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 10 de octubre de 2000.

Joaquín López-Rúa Soler

Director general de la Función Pública