El conselleiro de la Presidencia y Administración Pública dictó con fecha de 1 de septiembre de 2000, resolución estimatoria del recurso formulado por Ana Virginia del Río Valladares, contra la Resolución de 23 de junio de 2000, por la que se hacen públicas las listas para la cobertura con carácter temporal de puestos de trabajo reservados a personal laboral, reguladas en el Decreto 89/1997, de 10 de abril, correspondientes a la categoría 54 (ETAR especialista en tratamientos asistencia rehabilitadora) (lista B) del grupo III.

Dado que el carácter de las resoluciones es estimatorio de la petición de los interesados, procede darle la debida publicidad a las modificaciones provocada por éstas, en las listas publicadas por Resolución de 23 de junio de 2000, en el sentido de que deben figurar en la lista para la cobertura con carácter temporal de puestos correspondientes a la categoría 54 (ETAR especialista en tratamientos asistencia rehabilitadora) (lista B) del grupo III, con los datos siguientes:

Ana Virginia del Río Valladares, DNI: 34.266.398, lista B, puntuación: 0.75 puntos.

-En el puesto número 20 para el ámbito D2700

En consecuencia, se varía correlativamente el orden de prelación de los solicitantes posteriores incluidos en la lista correspondiente.

La presente resolución no afecta a las modificaciones y/o exclusiones producidas como consecuencia de la propia gestión de las listas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el conselleiro de la Presidencia y Administración Pública en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución o directamente, el recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña, conforme al artículo 14.2º de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 1 de septiembre de 2000.

Joaquín López-Rúa Soler

Director general de la Función Pública