La Delegación Provincial del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo de Lugo tramitó expediente sancionador 2/2000, seguido en virtud de denuncia formulada por José Luis López Rodríguez, contra la promotora inmobiliaria Cruceiro, S.A., finalizando este trámite con propuesta de resolución de expediente sancionador por no realizar las obras necesarias para subsanar las deficiencias denunciadas.

El citado acuerdo es del siguiente tenor:

Propuesta de resolución de expediente sancionador 2/2000.

Vista la denuncia presentada por José Luis López Rodríguez de la vivienda 4º B de la calle Angelo Colocci, 32 de esta ciudad de Lugo, y tras las actuaciones previas practicadas, de acuerdo con los siguientes hechos:

Primero.-En fecha 17 de marzo de 1998, José Luis López Rodríguez formula denuncia ante esta delegación del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, sobre vicios y defectos de construcción en la vivienda 4º B del inmueble citado.

Segundo.-Consecuente con la denuncia formulada, se abrieron diligencias previas bajo el nº 17/1998, que finalizaron con requerimiento a la promotora inmobiliaria Cruceiro, S.A. para que efectuase las reparaciones que se señalaban, concediéndosele un plazo de 10 días para la remisión del proyecto y de 30 días para la ejecución del mismo.

El requerimiento fue notificado a través del Diario Oficial de Galicia, en fecha 8 de noviembre de 1999, al encontrarse la empresa en cuestión ausente del domicilio social.

Hecho probado.

Único.-Se determina así, como hecho probado, al no tener constancia en esta delegación de la realización de las obras de reparación requeridas, que la promotora Cruceiro, S.A. ha incumplido la obligación de subsanar las deficiencias observadas.

Fundamento de derecho.

1. Es competente para la resolución del presente expediente el delegado provincial del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo de Lugo, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 134/1997, de 22 de mayo.

2. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.2º del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, los interesados tienen derecho a formular alegaciones y a aportar todos los documentos que consideren convenientes en cualquier momento del procedimiento con anterioridad al trámite de audiencia.

Podrán, asimismo, reconocer voluntarimente su responsabilidad conforme a lo establecido en el artículo 8 del citado reglamento.

3. Según el artículo 16.1º del Reglamento del procedimiento, los interesados disponen de un plazo de 15 días, a contar desde la notificación de la presente propuesta, para aportar los documentos o informaciones que estimen convenientes y proponer pruebas, concretando los medios de los que pretendan valerse.

4. De acuerdo con el artículo 153 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el presunto responsable tiene derecho a conocer, entre otros extremos, al instructor del procedimiento sancionador, derecho que el artículo 13.1º del Reglamento del procedimiento extiende al conocimiento del secretario, siendo su régimen de recusación el contemplado en los artículos 28 y 29 de dicha ley.

Vistos los preceptos señalados y los demás de aplicación general, este instructor propone:

1. Imponer a Cruceiro, S.A. una sanción de 500.001 pesetas de multa.

2. Que conforme a lo dispuesto en el apartado 2, del artículo 8, de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de infracciones en materia de vivienda, sin perjuicio de la sanción impuesta, deberá realizar las obras de reparación cuya ejecución fue requerida por este organismo en la tramitación del expediente sancionador.

Notifíquese la presente propuesta a los interesados con indicación de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, podrán presentar alegaciones en el plazo de 15 días, al término de los cuales la Delegación Provincial del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo dictará la resolución que corresponda.

Lugo, 8 de junio de 2000.

Antonio Boné Piña

Delegado provincial de Lugo