La conselleira do Mar, Rosa Quintana, compareció hoy en el Parlamento gallego para evaluar las comunicaciones en materia de pesca realizadas por la Comisión Europea el pasado 21 de febrero y advirtió de que los planes de Bruselas para esta actividad ponen en riesgo el futuro de la flota pesquera al contar con una excesiva visión medioambiental con medidas arbitrarias y sin avales científicos.

La titular de Mar, que intervino a petición propia en la Cámara, incidió en que los documentos elaborados por el Ejecutivo comunitario incluyen un cúmulo de despropósitos y medidas que se pretenden adoptar en distintos ámbitos a pesar de carecer de estudios sobre la situación real de la que se parte o de una evaluación seria de los objetivos que se pretenden conseguir. Se trata, añadió, de una serie de principios con los que, supuestamente, se busca favorecer la actividad pesquera y la labor de los pescadores pero que, paradójicamente, son los principales perjudicados por estas medidas.

Ante esta situación, la representante del Ejecutivo gallego incidió en que Galicia va a hacer presión y mantener contactos con múltiples instancias al tiempo que apoyará al Gobierno central en la búsqueda de aliados entre el resto de países de la Unión Europea para crear un grupo de presión fuerte y frenar las propuestas sin sentido presentadas por Bruselas.

Rosa Quintana lamentó que esas cuatro comunicaciones realizadas por la Comisión Europea el pasado 21 de febrero -una evaluación de la Política Pesquería Común (PPC), otra de la organización común de mercados de los productos de la pesca y de la acuicultura, el plan de acción para proteger los ecosistemas marinos para una pesca sostenible y la estrategia para la transición energética del sector pesquero de la UE- muestran que ciertos departamentos de la Comisión Europea, como la Comisaría de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, están desconectados de la realidad.

Este hecho, explicó la titular de Mar, quedó constatado en el último Consello Galego de Pesca, en el que se analizó una nota jurídica encargada a la Fundación MarInnLeg que certifica que las comunicaciones del Ejecutivo comunitario tienen numerosos defectos y se sustentan principalmente en el aspecto medioambiental, olvidando casi por completo los ámbitos social y económico.

La representante de la Xunta recordó que una de las grandes apuestas del comisario Virjinijus Sinkevicius es el plan de acción para proteger y restaurar los ecosistemas marinos, una medida con un marcado cariz medioambiental y que se pretende adoptar a pesar de carecer de información sobre el impacto de la actividad pesquera sobre los hábitats y especies, en la línea del que ya se hizo con las 87 vedas a la pesca de fondo en aguas comunitarias. 

En este sentido, aseguró que la pretensión de prohibir el arrastre en las áreas marinas protegidas antes de 2030 y en el 20 % de las aguas de cada estado miembro ya en 2024 no puede considerarse un plan gradual. De hecho, su impacto puede ser mortal para numerosas empresas que realizaron importantes inversiones en los últimos años y que de un día para otro se ven privados de una parte fundamental de sus caladeros.

La estrategia para la transición energética del sector, añadió la conselleira, cuenta con defectos muy semejantes pues pretende llegar al barco de futuro sin definir como, sin señalar cuáles podrían ser las fuentes de energía alternativas y sin ofrecer financiación adicional para acelerar las investigaciones. Esta manera de actuar, lamentó Rosa Quintana, no es seria y se está convirtiendo en algo habitual en el seno de la Comisión Europea.     

Evaluación de la PPC

La representante del Ejecutivo gallego también hizo referencia a la evaluación de la PPC hecha por Bruselas, en lo que echó en falta una mayor autocrítica puesto que no se consiguieron los objetivos para los que fue diseñada y con numerosos retos -como el deber de desembarque, la gobernanza, la igualdad de condiciones entre las distintas flotas o el relevo generacional- a los que aún no dio respuesta.

En esta línea, lamentó que la política pesquería actual es incoherente, incompleta, ineficaz, injusta e inconexa pues habla de garantizar la seguridad alimentaria y de los productos locales, pero adopta medidas que reducen la capacidad pesquera y abren la puerta a las importaciones. En el mismo sentido, desprecia totalmente el aspecto social de la actividad pesquera y acuícola pues habla de hacer atractivo el sector para la gente joven, pero apuesta en primer lugar por la eficiencia energética o la búsqueda de artes más sostenibles en vez de impulsar la seguridad y mejora real del bienestar a bordo de las embarcaciones.

La titular de Mar destacó que la visión dada por Bruselas de la PPC dista mucho del dictamen elaborado en el seno del Consello Galego de Pesca y no resuelve ninguno de los problemas expuestos por el sector marítimo-pesquero gallego. Por eso, apeló a la necesidad de crear una frente común fuerte para frenar las medidas más lesivas promovidas por la Comisión Europea e incidió en que Galicia defenderá los intereses de su flota en todas las instancias igual que está haciendo en el caso del veto a la pesca de fondo en 87 áreas de aguas comunitarias.