La Xunta insiste al Gobierno central en la necesidad de liderar en Bruselas la petición de una “moratoria inmediata” de toda la nueva normativa comunitaria que está poniendo trabas burocráticas innecesarias a las explotaciones que “están asfixiando a los agricultores y ganaderos”. Así lo advirtió esta tarde el conselleiro do Medio Rural en funciones, José González, en su intervención, por videoconferencia, en el Consello Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, que estuvo presidido por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

En esta línea, el conselleiro advirtió que España, como “potencia agroalimentaria” dentro de Europa, tiene que encabezar esta demanda, atendiendo, de manera efectiva, las reivindicaciones de agricultores y ganaderos, con una actuación “firme, contundente y urgente” por parte del ministro para conseguir una suspensión de la legislación que obstaculiza la viabilidad de las explotaciones, con más burocracia y exigencias medioambientales que, entendiendo su pertinencia y compartiendo la preocupación por el cambio climático, tienen que ser rediseñadas y atender en su conjunto la sostenibilidad económica, social y medioambiental de las explotaciones.

Para esto, José González comprometió la lealtad y el apoyo de Galicia al Gobierno central, cuanto interlocutor con Europa, y abogó por una posición común -entre las autonomías y el Estado- para actuar con la mayor fuerza delante de Bruselas y respetando las singularidades de cada territorio. Recordó que así lo vino defendiendo Galicia a lo largo de toda la negociación de la nueva PAC.

“En juego están -advirtió el conselleiro- la soberanía alimentaria de Europa y la gestión sostenible del territorio” que realizan los agricultores y los ganaderos. Puso como ejemplo las dificultades que genera la actual normativa europea para la supervivencia de la ganadería gallega en extensivo y se refirió a cuestiones concretas como el cuaderno digital, el veterinario de las explotaciones o las normas sobre nutrición sostenible del suelos y aprovechamiento de purines. También se refirió a la necesidad de establecer cláusulas espejo en los tratados comerciales internacionales y al principio de reciprocidad, para no perjudicar el sector europeo frente al de terceros países.

En particular, el conselleiro reclamó al Gobierno que escuche a las comunidades para elaborar un catálogo con las principales exigencias del sector para trasladar ya el próximo día 26 de febrero en el Consejo europeo de ministros de Agricultura. En este sentido, Galicia trasladará por escrito al Ministerio las demandas que considera que España debe defender en el dicho Consejo. Añadió que, viendo cómo se está posicionando Europa -en referencia al anuncio de la Comisión de retrasar la entrada en vigor de la nueva legislación de pesticidas o de las medidas sobre el barbecho en la nueva PAC-, “España no se puede quedar atrás”.

Esta moratoria deberá estar en vigor mientras Europa realice una honda reflexión estratégica sobre el futuro de la agricultura y la ganadería, en la que también deben estar presentes las comunidades autónomas, defendió el conselleiro en funciones.

El conselleiro en funciones reiteró, una vez más, el apoyo de la Xunta a las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos gallegos e insistió en pedir que sus protestas se mantengan dentro de un tono pacífico, como están siendo hasta ahora en nuestra comunidad.

Medidas tardías, vagas e insuficientes del Ministerio

José González advirtió que las medidas anunciadas por el ministro, tras su reunión del pasado viernes con representantes de asociaciones agrarias, “llegan tarde y, además, son vagas y completamente insuficientes”.

Al mismo tiempo, calificó estos anuncios como hechos “hacia la galería” para intentar sofocar las protestas del sector, procurando ahora, de forma irresponsable, la "complicidad" de las comunidades autónomas. Añadió que se trata de una propuesta pobre, que en ningún caso satisface a los productores, como lo demuestra el hecho de que no se desconvocaran las movilizaciones.

En este mismo sentido, la Xunta considera que el Gobierno central no puede intentar descargar en las comunidades autónomas sus responsabilidades a la hora de hacer cumplir, por ejemplo, la ley de la cadena alimentaria, una norma de ámbito estatal y promovida por el actual Gobierno central.

José González censuró las declaraciones del ministro previas a esta reunión, en las que Luis Planas quiso trasladar a las autonomías deberes que le son propios, como el refuerzo de las inspecciones para asegurar el cumplimiento de un texto legal -el de la cadena alimentaria- que es “papel mojado” por culpa del Ejecutivo central, según remarcó el conselleiro.

Así, el titular en funciones de Medio Rural explicó que esta ley no se cumple, entre otras cosas, porque el Ministerio no permite que se habiliten medios para su cumplimiento efectivo. Medios -subrayó- como los que viene proponiendo Galicia; las aplicaciones para el cálculo de los costes de producción –“Contacarne” y Contaláctea”- como instrumento efectivo para su determinación en la negociación de los precios.