La conselleira de Política Social y Juventud, Fabiola García, volvió a reclamar hoy la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), a lo que se comprometió el Gobierno central en enero del año 2022 pero que sigue sin ejecutarse. Lo hizo en la sesión del Pleno del Parlamento de Galicia en la que indicó que el mes pasado se le remitió una carta a la nueva ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para retomar esta cuestión. 

Fabiola García criticó los atrancos que se encuentran los potenciales beneficiarios de esta prestación estatal para acceder a ella por culpa de las “incertidumbres” e “improvisaciones” del Ejecutivo central. Así, explicó que en estos tres años de vigencia del IMV, el Ministerio realizó hasta once modificaciones de la normativa que lo regula y millares de personas tuvieron que devolver pagos indebidos porque el Ministerio no actualiza a tiempo las cuantías que deben percibir.  

La conselleira detalló que ante la inseguridad generada entorno al IMV, los gallegos en situación de vulnerabilidad optan por mantenerse en la Renta de inclusión social (Risga). En este sentido, lamentó que el Gobierno central había renunciado la experiencia de las comunidades autónomas para gestionar el IMV, lo que motiva la escasa cobertura y la baja ejecución presupuestaria de esta prestación pública, tal y como constató la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

Asimismo, criticó que el Ministerio le diga no la esta transferencia para Galicia, cuando sí que la concedió al País Vasco, Navarra y, próximamente, todo apunta que también la traspasará a Cataluña.

Reforma de la Ley de inclusión

Fabiola García señaló que la falta de avances en la gestión del IMV está condicionando la reforma de la Ley de Inclusión Social de Galicia, en la que la Xunta lleva tiempo trabajando en coordinación con las entidades sociales

Al respeto, indicó que la prioridad del Gobierno gallego es dar seguridad jurídica y asistencial a los gallegos más vulnerables, por lo que en estos momentos no es posible avanzar en la reformulación de la Risga, que sigue siendo necesaria para atender a todas aquellas personas que no pueden transitar al IMV. También lamentó que, a día de hoy, no se puede saber si en la modificación de la Ley de Inclusión Social hay que incluir o no la gestión del IMV.