La directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón, visitó esta tarde en Nigrán el centro de día y ocupacional Juan María
La Xunta consolida 4.050 plazas públicas de atención especializada a personas con discapacidad intelectual a través del concierto social
Está abierta la convocatoria para que las entidades sociales que deseen prestar estos servicios de atención residencial y diurna presenten sus propuestas
El Gobierno gallego financia en Nigrán 73 plazas en las instalaciones que gestiona la Asociación Esperanza de Val Miñor
La Xunta blinda la continuidad de 4.050 plazas de atención especializada la personas con discapacidad intelectual distribuidas por toda la comunidad a través del concierto social, cuya convocatoria se publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG). La directora xeral de Persoas con Discapacidade Begoña Abeijón, garantizó hoy el apoyo del Ejecutivo autonómico a las entidades del tercer sector para seguir mejorando los servicios en este ámbito y para acercar los cuidados allí donde son necesarios. Así lo señaló en la visita al centro para la atención a personas con discapacidad intelectual Juan María de la Asociación Esperanza de Val Miñor.
Begoña Abeijón destacó los cuidados que reciben los usuarios de este recurso asistencial, en el que la Xunta financia 73 plazas: 28 en el centro de día y 45 en el centro ocupacional. Además, recordó que este año se le concedió a la entidad una ayuda de 48.000 euros para la adquisición de un vehículo para el transporte de sus usuarios.
Asimismo, Begoña Abeijón señaló que a la convocatoria del concierto social en el ámbito de la discapacidad intelectual se suman otras cinco, una por cada tipo de discapacidad: enfermedad mental, daño cerebral, autismo, discapacidad física y parálisis cerebral.
Más de 100 millones de euros
En total, son más de 5.000 plazas de atención residencial y diurna la personas con discapacidad que la Xunta financia con una inversión de más de 100 millones de euros anuales. A través de estas convocatorias de concierto, el Ejecutivo autonómico consolida la red pública de recursos para personas con discapacidad, evita que los usuarios tengan que recorrer largas distancias para acceder a una plaza pública y da mayor estabilidad a las entidades sociales para que puedan mantener en el tiempo servicios que son fundamentales para estas personas y sus familias.
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