La Xunta analiza de manera constante la situación del mercado de la vivienda en Galicia y considera fundamental que la adopción de decisiones en este ámbito estén avaladas por estudios rigurosos sobre su evolución para atender adecuadamente las necesidades de la ciudadanía. En esta línea, el Ejecutivo gallego está ultimando un informe sobre los precios de los alquileres y de la compraventa de vivienda, así como del esfuerzo que realizan en este ámbito las familias en las distintas zonas, que presentará próximamente en el Observatorio Galego da Vivenda.

La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, explicó en su respuesta a una interpelación parlamentaria que este tipo de análisis son fundamentales para fijar políticas responsables de vivienda y reforzar decisiones como la adoptada por el Ejecutivo gallego de no declarar de oficio zonas tensionadas en el mercado residencial. 

La representante de la Xunta destacó que la declaración de estas zonas sensibles es una de las cuestiones que el Gobierno central introdujo en la ley estatal de vivienda y que Galicia rechaza por considerarla errada. De hecho, añadió, hay experiencias previas en otros países europeos que no consiguieron los resultados deseados volviéndose incluso en contraproducentes.

Ángeles Vázquez también recordó que así lo recoge un estudio del Banco de España que destaca que los topes al alquiler hacen que una parte de las viviendas pasen al alquiler de vacaciones y otras se pongan a la venta. 

La vicepresidenta segunda recordó que en la misma línea se manifestó la Comisión Galega da Competencia en 2022 cuando señaló que este tipo de medidas son claramente ineficientes para facilitar el acceso de los ciudadanos a un hogar. Además advertía de que la limitación de los precios del alquiler puede ser una intervención contraria a las leyes de la competencia produciendo efectos perversos.

Entre ellos, la existencia de menos viviendas disponibles para el alquiler mientras la demanda sigue siendo la misma o incluso crecimiento. “No se soluciona ningún problema sino que mismo se agrava”, aseveró la representante de la Xunta. 

Normativa estatal

En esta línea, el Ejecutivo gallego siempre dijo que no declararía de oficio zonas tensionadas, pero que no va a ser un obstáculo para que se declaren en aquellos ayuntamientos que las deseen siempre que lo acrediten con datos y criterios técnicos.

De hecho, la Administración gallega introdujo en la ley de medidas una enmienda a la Lei de Vivenda de Galicia para clarificar la ley nacional por el derecho a la vivienda pues es muy imprecisa y no establece el procedimiento a seguir. La finalidad es que los ayuntamientos fundamenten con el máximo rigor técnico su petición de declaración de zonas tensionadas al tiempo que se establece la constitución de una mesa sectorial -con presencia de los colegios profesionales, administradores de fincas, agentes inmobiliarios y promotores- en la que se analizarán las propuestas municipales para aprobarlas con el mayor consenso posible.   

En esta línea, Ángeles Vázquez lamentó la falta de diligencia del Gobierno central en algunos aspectos de su ley de vivienda como que aun no aprobara el sistema de índice de precios de referencia, imprescindible para declarar zonas de mercado tensionado y que sean aprobadas por la Administración central.

La vicepresidenta segunda incidió en que esta es una más de los múltiples defectos que tiene la ley nacional de vivienda, que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por varias comunidades autónomas y sobre la que Galicia está a la espera de la celebración de una comisión bilateral para aclarar las cuestiones dudosas y que se escuche a la Xunta y a todo el sector gallego de la vivienda.

La representante del Ejecutivo gallego recordó que la normativa nacional fue tramitada y aprobada unilateralmente por el Gobierno central, sin contar con la opinión de las comunidades. “Siempre dijimos que esta norma invadía competencias de las autonomías, supondría un freno a la actividad inmobiliaria y produciría un impacto negativo en el mercado de alquiler. Esperamos que la Administración central rectifique y abra la puerta al diálogo”, concluyó Ángeles Vázquez.