La Xunta apeló hoy a los grupos parlamentarios para que se pongan del lado del Ejecutivo gallego y apoyen la petición al Estado de que retire el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia pues se trata de una normativa que no va contra nadie y solo busca defender los intereses de Galicia y sus competencias exclusivas.

La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, compareció a petición propia en el Parlamento para exponer las políticas de ordenación del litoral de su departamento y aprovechó para reclamar unidad a todos los grupos de la Cámara en la defensa de una norma que busca ofrecer seguridad jurídica a todas las personas que viven en la costa y garantizar tanto el presente como el futuro de las distintas actividades que se desarrollan en ella. 

La representante del Ejecutivo gallego lamentó que el recurso del Estado contra la ley gallega tiene más de político que de jurídico como demuestra el hecho de que el Gobierno central descartara la vía del diálogo y optara directamente por la judicial sin ningún tipo de contacto previo con la Xunta. “No nos dio la oportunidad de sentarnos a hablar a pesar de nuestra voluntad de hacerlo. Lo único que busca la ley es defender nuestros intereses y ordenar de forma integrada la costa con la participación de expertos, ayuntamientos o representantes de la cadena mar-industria, algunos de ellos presentes aquí hoy”, destacó Ángeles Vázquez.

La vicepresidenta segunda incidió que la normativa -aprobada por el Parlamento gallego hace justo cinco meses- no va contra nadie y responde a la competencia exclusiva en materia de ordenación del litoral que le atribuyen a la comunidad tanto el Estatuto de Autonomía de Galicia como la legislación estatal, algo que también reconoce el dictamen emitido por el Consello Consultivo de Galicia en 2022. 

Otra muestra de que el recurso es más político que jurídico es el hecho de que el Gobierno central únicamente tenga en cuenta en su argumentación aquellas cuestiones del dictamen del Consejo de Estado que avalan sus pretensiones y descarte aquellas que no le interesan. Entre ellas, que obvie el hecho de que el informe ve constitucional que la normativa gallega establezca que los establecimientos de la cadena mar-industria pueden asentarse en espacios de dominio público marítimo-terrestre, incluido de los puertos, o la armonización de los intereses de la economía con la protección del medio ambiente. 

Ángeles Vázquez lamentó que esta manera de actuar del Ejecutivo estatal -descartando la vía del diálogo, dificultando el acceso a la documentación del recurso, que presentó estando en funciones, y limitando el tiempo de respuesta de la Xunta- se enmarca en su estrategia para eliminar cualquier vestigio humano de la costa, independientemente de su impacto en los ámbitos económico y social.

Agravio comparativo

La vicepresidenta segunda indicó además que la actitud del Estado con Galicia supone un agravio comparativo en relación con otras comunidades como el País Vasco. El Gobierno central pretende exigir la modificación del estatuto gallego para que la comunidad pueda ordenar el litoral mientras que el acuerdo de investidura del PSOE con el PNV recoge la cesión de la gestión del litoral sin necesidad de modificar el estatuto vasco. “Quiero recordar que los estatutos de autonomía del País Vasco y Galicia son idénticos”, aseveró la titular de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda.

Por eso, la Xunta exige la retirada inmediata del recurso de inconstitucionalidad -como ya le trasladó por carta a la Vicepresidencia Tercera y Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico- por tratarse de una decisión totalmente arbitraria y que supondría establecer que hay comunidades de primera y de segunda.

“Galicia es plenamente competente para ordenar su territorio, incluido el costero, y defenderemos la validez de la norma gallega hasta el final”, sentenció Ángeles Vázquez, que recordó que mismo cargos del Gobierno central como el ex-jefe de la Demarcación de Costas de Galicia reconocieron en su momento que la gestión de la costa gallega “tiene que ser hecha por los gallegos desde la Xunta”.

La estrategia del Estado en este ámbito, recordó la vicepresidenta segunda, ponen en riesgo el futuro de 4.000 edificaciones y más de 100 industrias asentadas en la costa, lo que afecta también a más de la mitad de la población de Galicia y amenaza, entre otros, los alrededor de 40.000 empleos vinculados con la cadena mar-industria de la comunidad.