La Xunta de Galicia considera necesario que el Gobierno central proceda al desarrollo normativo de la Ley de bienestar animal estatal e incluso proceda a su modificación tanto para aclarar las contradicciones e incertidumbres existentes en ella como para hacerla más aplicable y asumible para las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Es lo que defendió la directora general de Patrimonio Natural, Belén do Campo, en su respuesta a dos preguntas sobre este asunto en la Comisión 2ª de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios del Parlamento de Galicia. El texto actual, lamentó, ve mucho más allá del que debería incluir una legislación básica, lo que dificulta su desarrollo posterior por parte de las administraciones autonómicas y locales al tiempo que complica su aplicación. 

La representante de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda defendió que el Ejecutivo gallego mantuvo desde lo primero momento una posición coherente en relación con esta normativa y realizó -al igual que otras comunidades y entidades- numerosas alegatos con el objetivo de mejorarla y hacerla asumible para todas las partes implicadas. No obstante, lamentó, muchas de ellas fueron descartadas y apenas se varió el texto en relación con la versión inicial generando malestar y descontento en múltiples sectores afectados.

“Esta ley fue el ejemplo del que no debe hacer un Gobierno a la hora de elaborar una normativa pues no escuchó a nadie e impuso su voluntad. Por eso, tuvo en el trámite parlamentario hasta seis vetos, a los que se sumaron las críticas de colegios profesionales, veterinarios, juristas y empresarios, entre otros”, aseveró Belén do Campo.

La directora general contrapuso la actuación del Gobierno central con el que hizo en su día Galicia, que cuenta con una ley de protección de los animales aprobada con el consenso de todas las partes implicadas y de las más ambiciosas que existen en este ámbito. 

En esta línea, incidió en que la legislación estatal puede suponer una salida para aquellas comunidades que carecen de una normativa propia, pero que complica la labor y genera una gran incertidumbre entre las administraciones que hicieron bien su trabajo. En este sentido, el texto impone numerosos deberes que son “imposibles de cumplir” pues dependen de un desarrollo reglamentario que depende del propio Estado.

Por eso, Belén do Campo pidió rigor al Ejecutivo central y que desarrolle la normativa, siendo necesaria incluso su modificación, con el objetivo de hacer los ajustes necesarios que pongan fin a las incoherencias existentes y aclaren cuestiones dudosas sobre su aplicación. Por otra parte, la directora general reclamó al Estado una partida presupuestaria para que las autonomías y ayuntamientos puedan aplicar la norma. “No ha sentido cargar de deberes sin fijar un presupuesto para poder cumplirlas”, aseveró.

El Gobierno gallego considera que es necesario que haya un desarrollo reglamentario de la ley para atender lo que el texto exige y recuerda que Galicia lleva la delantera en este sentido, pero que el inmovilismo del Estado impide que pueda avanzarse en el diseño de la normativa sectorial en estas condiciones.

La mayores, la directora general de Patrimonio Natural censuró las “desproporcionadas” sanciones que fija la ley estatal, que en muchos casos multiplican por 10 o por más los importes establecidos en el resto del marco normativo sectorial vigente. Por eso, defendió la necesidad de armonizar el régimen sancionador con el resto de la normativa en beneficio de todos los actores implicados en la protección de los animales.