Santiago de Compostela, 22 de noviembre de 2023

El vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, puso en valor hoy en el Parlamento de Galicia las retribuciones realizadas en los últimos años a los profesionales del turno de oficio a través de los convenios con el Consejo de la Abogacía Gallega y con el Consejo Gallego de los Procuradores de Galicia, pese a no tratarse de una competencia de la Xunta. Así, las compensaciones se incrementaron en un 15% de promedio segundo los baremos consensuados hasta 2025.

Hace falta aclarar que estos baremos actualmente vigentes contemplan cantidades diferentes en función de la jurisdicción, tipo y fase del procedimiento. Se acordaron con los colegios de abogados y procuradores en 2021 y están vigentes desde lo cuarto trimestre diera ejercicio durante un período de 4 años. Este acuerdo permitió -destacó Diego Calvo- que Galicia se situara en los primeros puestos a nivel estatal en la compensación la estos profesionales.

En su intervención, el vicepresidente primero recordó la modificación e inclusión de conceptos determinados en el acuerdo vigente desde 2021. Por ejemplo, se incluye la intervención del abogado aunque no implique prestación de declaración; en la orden de protección, se igualó la cuantía que percibe la defensa de la víctima a la del agresor; se equiparó el importe del procedimiento penitenciario abreviado al juicio rápido sin conformidad; y se retribuye porcentualmente la multiplicidad de personas investigadas que en el mismo procedimiento actúen bajo la misma defensa. Además, entre otras medidas, en materia de familia también se retribuyen las ampliaciones que se producen en la ejecución.

Diego Calvo incidió en que las mejoras implantadas por la Xunta en la gestión del servicio de asistencia jurídica gratuita están siendo fundamentales para garantizar la igualdad de condiciones de toda la ciudadanía en el acceso a la Justicia. Asimismo, tal y como aseguró, permiten que Galicia sea una comunidad que paga pronto y puntualmente las certificaciones remitidas por estos entes colegiales.

Por otra parte, cuanto a la actual huelga de los profesionales del turno de oficio, el vicepresidente primero aclaró que se trata de reclamaciones al Gobierno central que se suman a las de otros agentes de la Administración de Justicia en los últimos meses. En esta línea, hace falta señalar que la competencia básica en justicia gratuita es estatal, sin perjuicio de que la Xunta sea pionera y cubra por convenio conceptos que no contempla la normativa estatal.

Por ese motivo, tampoco es competencia de la Xunta fijar los servicios mínimos de la actual huelga convocada por estos profesionales al no tratarse de funcionarios públicos, ni personal al servicio de la Administración de Justicia y, por lo tanto, no existir relación contractual. De todas formas, pese a no tratarse de competencia autonómica, el Gobierno gallego financia la asistencia jurídica gratuita en favor de personas sin recursos suficientes mediante compensaciones a través de los colegios profesionales y reserva para este fin 14,2 millones de euros en los presupuestos de 2024.

El vicepresidente primero añadió que la actuación de la Xunta en este ámbito va más allá de los acuerdos  para compensar los colegios de abogados y procuradores por las actuaciones de sus colegiados en la prestación de este servicio. Por eso, se mantienen la mayores otros acuerdos con el objetivo de garantizar a los gallegos y gallegas un servicio de mayor calidad.

Así, la Xunta colabora con 200.000 euros con el Consejo de la Abogacía Gallega en la compensación de los costes de la asistencia jurídica gratuita por requerimiento judicial a los letrados designados en virtud de requerimiento judicial cuando no exista un reconocimiento expreso del derecho de asistencia gratuita.

Galicia es además de las únicas comunidades que incluyen el acompañamiento inicial a víctimas especialmente vulnerables, esto es, mujeres víctimas de violencia sexual y menores víctimas de delitos de violencia. Mediante un convenio con la Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad y el Consejo de la Abogacía Gallega se destinaron este año más de 159.800 euros a acciones de atención jurídica la víctimas de violencia sexual por parte de profesionales especializados en delitos contra la libertad sexual. Otros 30.000 euros se invirtieron en otro acuerdo dirigido a la asistencia a menores de edad en el ámbito de la lucha contra la violencia.