El vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), José María Gómez y Díaz-Castroverde, presidieron hoy la Comisión Mixta de Justicia entre Xunta y TSXG. En el encuentro, al que también asistieron el director general de Justicia, José Tronchoni, y representantes de la Sala de Gobierno del TSXG se abordó la planificación de las obras en los edificios judiciales.

Hace falta recordar que la Xunta apuesta por poner en marcha de nuevos órganos oficiales donde sea preciso con una importante inversión de más de 127 millones de euros a través del Plan de Infraestructuras Judiciales. De hecho, en los presupuestos de 2024, el Gobierno gallego reserva partidas para avanzar en los proyectos del nuevo edificio judicial de A Estrada y de la nueva sede del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) en Santiago de Compostela.

Además, la Administración autonómica acepta todas las unidades judiciales concedidas por el Ministerio de Justicia cada anualidad asumiendo el coste de personal de los funcionarios de la Administración de Justicia y la dotación de equipación. De cara a este ejercicio, está pendiente la publicación del real decreto por parte del Gobierno central con los juzgados concedidos.

En la anterior reunión de la Comisión Mixta del pasado marzo, la Xunta y el TSXG propusieron al ministerio dar prioridad a la creación de un juzgado de violencia sobre la mujer en Santiago de Compostela, teniendo en cuenta el incremento de asuntos en esta materia segundo los datos del Consejo General del Poder Judicial.

Además, a finales de año las salas de vistas de todos los órganos judiciales gallegos estarán digitalizadas y se seguirá trabajando en actuaciones de mejora de la eficiencia energética en las sedes judiciales de la comunidad con una inversión prevista de 1 millón de euros el próximo año.

Otro de los puntos tratados en el encuentro de hoy tiene que ver con las mejoras llevadas a cabo en la Ciudad de la Justicia en el mes de agosto, en el marco de su compromiso de dar respuesta a las nuevas necesidades detectadas durante lo traslado y puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones. E cuanto al Plan de autoprotección del edificio que exige la normativa se realizó ya una evaluación de riesgos previa. Y en lo referido a la seguridad del inmueble, se concentraron en una única sede todos los servicios judiciales de Vigo, excepto el Registro Civil, pasando de seis sedes judiciales a dos. Por este motivo, la Xunta reorganizó el servicio de vigilancia para darle respuesta a las necesidades del servicio, que es superior al prestado antes en las antiguas sedes.

Cuenta con 10 efectivos de la Policía Nacional y con la previsión de llegar a los 12, además de vigilantes de seguridad privada (tres por la mañana, un por la tarde y uno los fines de semana) y se incluyen 3 arcos detectores de metales, 3 escáneres y 32 cámaras de vigilancia.

Por otra parte, el vicepresidente primero trasladó en la reunión la importante reducción de los plazos de emisión de informes por parte de los equipos de las subdirecciones del Imelga tras el importante aumento en la carga de trabajo derivado de la aprobación de nuevas leyes estatales en los últimos años. Ya están ajustados a los plazos habituales gracias a las medidas adoptadas por la Xunta -refuerzo de personal, horas extra y convenios de colaboración con el Colegio de Psicología de Galicia y con la Asociación Nacional de Peritaje Social- y en las subdirecciones de Santiago y Vigo, las dos con mayor retraso, la emisión de informes bajó en 18 meses en los asuntos de Familia y en 14 en el ámbito penitenciario.