Pontevedra, 9 de noviembre de 2023

La Xunta de Galicia constata que el recurso presentado por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral solo afecta al 15,5% del texto autonómico.

La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, explicó hoy que el Gobierno gallego, después de hacer un primero análisis de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del recurso de inconstitucionalidad admitido a trámite, certificó que solo se ponen en cuestión un total de 73 apartados y letras de los 469 que contiene la ley.

Durante una jornada informativa sobre la norma autonómica con representantes municipales de los ayuntamientos costeros de la provincia de Pontevedra, en la que también participó el conselleiro del Mar, Alfonso Villares, Ángeles Vázquez incidió en “que el Gobierno central magnificó” el impacto y alcance de su recurso al calcular que se veía afectado el 40% de la ley cuando, en realidad, muchos de los artículos no son impugnados en su totalidad, sino solo en una pequeña parte o en un punto.

A mayores, la vicepresidenta segunda lamentó que el Estado cuestione aspectos fundamentales de la norma gallega como el objetivo de conseguir un desarrollo sostenible del litoral apostando por la coexistencia de las actividades económicas con la protección ambiental o la aprobación de una estrategia de economía azul de apoyo a la pesca, al marisqueo, a la acuicultura y a la cadena mar-industria.

De hecho, el recurso del Estado supone un gran perjuicio tanto para el tejido productivo del litoral como para los ayuntamientos al quedar paralizadas todas las solicitudes recibidas desde su aprobación para poner en marcha servicios básicos y esenciales en el dominio público marítimo-terrestre. Esa parálisis, además de dejar a los municipios sumidos en la incertidumbre, también supone una paulatina pérdida de oportunidades de desarrollo.

En esa línea, Ángeles Vázquez contrapuso la regulación del litoral desde una perspectiva integrada -social, económica y ambiental- por la que apuesta la Xunta con la estrategia que está desarrollando el Gobierno central hacia la eliminación de la costa de toda actividad humana y económica.  

Después de destacar que la ley del litoral es la herramienta idónea para proteger la costa gallega, la vicepresidenta segunda avanzó que la Xunta está a la espera de conocer el contenido del recurso y del dictamen del Consejo de Estado en el que se basó para ejercer la legítima defensa de los intereses de la Comunidad.

El conselleiro del Mar destacó, por su parte, que es importante continuar los contactos con el conjunto de los sectores productivos y también de las distintas zonas afectadas, como en este caso con los representantes políticos locales de la provincia de Pontevedra. Porque la Ley del litoral gallega fue pensada para constituir la mejor defensa tanto para la cadena mar-industria como para garantizar el futuro de las comunidades costeras y de los hombres y mujeres que viven de la actividad marítimo-pesquera y de la transformación de los pescados y mariscos.

Alfonso Villares manifestó que con ese único objetivo nació una norma que está apegada al terreno y que combina los tres grandes pilares en los que se debe asentar el desarrollo sostenible de la costa gallega: el cuidado al medio ambiente y a los ecosistemas, la potenciación de las actividades económicas respetuosas con el entorno y el cuidado de la dimensiones social y los servicios a los habitantes de las localidades del litoral.

Por eso, el titular de Mar cree que la decisión del Gobierno central de presentar el recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley gallega arremete como un bollo de demolición contra las mismas bases que la sostienen, pues se reafirma en que se hizo con el sector y para el sector, en que es escrupulosa en el ámbito ambiental y que ponen las actividades tradicionales, como son la pesca y el marisqueo, como prioritarias frente a cualquier otro posible uso que se pueda hacer del litoral autonómico. Además, contó con avales de los mayores expertos juristas de comunidad y del Consello Consultivo de Galicia.   

También considera sorprendente Alfonso Villares que, en tiempos donde se habla de leyes de amnistía que van directamente contra la integridad de la Carta Magna, se lleve ante el Tribunal Constitucional una ley del litoral que el único que pretende es aportar certezas y estabilidad jurídica a un entorno donde, primero, vive más de la mitad de la población de Galicia, y segundo, las empresas de la cadena mar-industria contribuyen a sostener el empleo de más de 40.000 personas y a generar 9.000 millones de euros de impacto económico. Por eso llamó la que impere el sentido común y se vuelva la vía del diálogo y el entendimiento.