El delegado de la Xunta, Gonzalo Trenor, visitó esta mañana la factoría de Stolt Sea Farm en Camariñas para trasladarles la aprobación de su prórroga de diez años para seguir realizando su actividad, hasta el 18 de febrero de 2031, un plazo que puede ser prorrogable por plazos de igual o inferior duración sin superar el 18 de febrero de 2071.

Trenor valoró la prórroga a esta empresa, líder mundial en la industria de la acuicultura de pescados planos, como una muy buena noticia para toda la comarca por la riqueza que generan sus instalaciones. La granja ocupa una superficie de 705 m² en dominio público marítimo-terrestre así como 87.000 m² de dominio privado. Produce un promedio de cerca de 1.200 toneladas al año de rodaballo, lenguado y lenguado con pintas. Es una de las granjas con más producción del grupo gracias a que capta el agua en mar abierto y en profundidad. Esto la hace acomodada para el cultivo rodaballo de mayor tamaño y peso medio, pues permite que los pescados soporten mejor las temperaturas del verano, que coincide con su momento de madurez sexual. Emplea a una promedio de 32 trabajadores en Cabo Vilano, todos naturales y residentes en Camariñas y Carnota. Más del 90 % de los contratos son indefinidos.

Su posición en el mercado es una prueba más de que Galicia es uno de los mejores lugares del mundo para la acuicultura, como demuestra el hecho de que el sector facturara el año pasado 256 millones de euros, un 10 % más que en el 2021. En concreto, los pescados de cultivo concentraron más del 35 % del valor total a pesar de representar menos del 5 % de la producción. En esas cifras van incluidas las del rodaballo -el 100 % de la producción española es gallega- y el lenguado, especies que se crían en Camariñas.

Trenor garantizó el apoyo de la Xunta al sector para la puesta en marcha de proyectos que confíen en Galicia y en su potencial, porque eso supone más economía, más competitividad y más empleo. En este sentido, recordó que esta empresa lleva recibiendo apoyos del Gobierno gallego para mejorar la equipación e incrementar la competitividad de esta instalación por más de 380.000 euros desde el año 2017.

El delegado de la Xunta abordó también la incertidumbre creada con el recurso del Gobierno central a una Ley del litoral autonómica que tiene por objetivo defender la actividad social y económica de la costa respetando la legalidad y el cuidado del medio ambiente

Al respecto, Trenor incidió en que este recurso ante el Tribunal Constitucional vuelve a crear inseguridad jurídica a las empresas que quieren apostar por Galicia. “Son empresas que ahora no saben como afrontar su futuro”, dijo. El delegado indicó que las administraciones están obligadas a apoyar a los sectores productivos en el marco de sus competencias, aportando estabilidad y aportaciones para potenciar su competitividad, y no para crear dificultades como está haciendo el Gobierno central.