Tal y como avancé en el Parlamento autonómico y en el Senado, Galicia no va a estar callada ni va a ser invitada de piedra ante unas decisiones que afectan muy directamente a los pilares del Estado de las Autonomías.

No estamos hablando de cuestiones políticas de corto recorrido, tampoco estamos hablando de debates teóricos que no tienen traslación a la vida real, ni tampoco hablamos de asuntos que solo incumben a los habitantes de un territorio determinado sin influencia en los demás.

De lo que estamos hablando, lo que se está negociando en estos momentos de manera bilateral, es nada más y nada menos que la modificación de los principios que guiaron a la España autonómica a lo largo de las últimas décadas. Estamos hablando de los lazos de fraternidad que unen a unos españoles con otros. Estamos hablando de la credibilidad de las instituciones y el imperio de la ley y del ordenamiento jurídico. Y estamos hablando de los criterios de distribución de los recursos que son de todos y, por tanto, deben ser repartidos entre todos.

En resumidas cuentas, la igualdad entre todos los ciudadanos, nacieran donde nacieran, vivan donde vivan y piensen como piensen. De todo eso es de lo que estamos hablando.

Ayer, 2 de noviembre, se conoció el texto del acuerdo entre dos fuerzas políticas, el Partido Socialista Obrero Español y Esquerra Republicana de Catalunya. En este acuerdo la investidura queda condicionada al cumplimiento de unas cláusulas que, de llevarse a cabo, supondrían sin ninguna duda un importante agravio para Galicia.

En la práctica, este acuerdo supondría la transformación de la actual España autonómica en un modelo de Estado radicalmente distinto. En un modelo que estaría basado en la asimetría entre los diferentes territorios que conforman la nación; en el aumento de los privilegios de unos pocos en detrimento de los derechos del resto; y sería exactamente, como habíamos anticipado a lo largo de estas semanas de opacas negociaciones, la materialización de aquello que habían negado con vehemencia y repetidamente los representantes del Ejecutivo central.

El pacto que estamos conociendo recoge que la Administración General del Estado va a asumir parte de la deuda que tiene con la Comunidad Autónoma de Cataluña: 16.300 millones de euros (15.000 millones correspondientes a la deuda principal y 1.300 que vendrían del ahorro en intereses que esta asunción por parte del Estado le supondrían a la Comunidad autónoma de Cataluña).

Para ponerlo en perspectiva y que se entienda bien. Estamos hablando de lo que sería el equivalente al presupuesto íntegro de la Xunta para todo un año y, a mayores, un trimestre; para quince meses. Estamos hablando de lo que supone que cuesta prestar todos los servicios públicos desarrollados por la Xunta de Galicia: la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales. Todos ellos prestados durante más de quince meses.

También cita este pacto una difusa e inconcreta voluntad de intentar compensar al resto de comunidades autónomas. Poco sabemos de esto, más que una declaración de intenciones. Pero lo poco que se intuye de esta voluntad permite adivinar un nuevo agravio para Galicia, que nos veríamos perjudicados por hacer en estos años lo que se espera de una Administración responsable: limitar nuestro nivel de endeudamiento, que fue el que menos creció de toda España, y fue todo lo contrario de lo que hizo el independentismo catalán.

Hablemos claro, porque hay que hablar claro. No puede llamarse condonar lo que realmente es mutualizar. No podemos llamar condonar lo que se va a hacer; que es repartir entre todos los españoles, y por tanto entre todos los gallegos, la deuda acumulada por una sola comunidad autónoma.  

Lo que se va a hacer es asignarnos a los que gestionaron con más responsabilidad los excesos de los que fueron irresponsables en esta gestión. Lo que se va a hacer es distribuir entre todos la deuda de Cataluña. Y esto supondrá para cada gallego asumir una carga adicional de más de 400 euros de una deuda que no es nuestra. Estamos hablando de más de 1200 millones de euros que tendría que asumir Galicia como factura que nos correspondería a toda la comunidad autónoma por una deuda que nosotros no generamos. Es aproximadamente el coste de sostener los servicios sociales durante todo un año.

Es decir, Galicia se ve especialmente castigada por una solución injusta y que supone un pésimo incentivo además para los gestores públicos responsables, como fue la Xunta durante todos estos años.

Y además los efectos perniciosos de este acuerdo van mucho más allá de esos 16.300 millones de euros. Con este pacto bilateral quedan además especialmente y gravemente erosionados derechos de los ciudadanos de toda España, que están recogidos claramente y nítidamente en el marco constitucional y en la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas: la suficiencia, la responsabilidad financiera y la solidaridad entre territorios.

Este tipo de arreglos vuelven a traer a la palestra con urgentísima necesidad, visto lo que estamos viendo, de reformar ya el sistema de financiación autonómica. Simplemente para que este siga respondiendo con eficacia y equidad a las necesidades del conjunto de los ciudadanos, y no a las necesidades de un grupo o de un territorio concreto. Este nuevo modelo que Galicia reclama debe nacer de un consenso multilateral. Y no hay otro lugar para conseguirlo que en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, al contrario de los pactos bilaterales que estamos presenciando.

Además, las líneas maestras de lo que debería ser este pacto ya están esbozadas en la Declaración institucional Foro Santiago, Camino de Consenso, que rubricaron ocho presidentes autonómicos en Santiago en noviembre de 2021, de diferentes signos políticos, pero orientados todos por la solidaridad interterritorial. Creemos que mantiene su vigencia renovada ahora mismo mucho más que nunca. Este pacto viene a decir, y es lo que defiende Galicia, que lo que es de todos se decide entre todos. No se puede decidir a puerta cerrada entre dos partidos políticos. Eso nunca se puede hacer. Por eso exigimos la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes para debatir conjuntamente, y sin exclusiones, sobre el futuro de la España autonómica y de su equilibrio financiero.

El documento conocido ayer también reconoce un “problema de infraejecución de inversiones en materia de infraestructuras”. Puede ser un diagnóstico acertado, pero si hablamos del conjunto del territorio de España y, por lo tanto, incluimos a Galicia, en ningún caso puede ser un diagnóstico acertado si se limita y se actúa solo sobre una única comunidad autónoma, como hace este pacto. 

No podemos ni entender, y mucho menos compartir, que se acuerde el traspaso integral de las cercanías ferroviarias y la inyección adicional de 132,7 millones de euros a la Generalitat de Catalunya, mientras que en Galicia todos percibimos cómo se acumulan los retrasos en la entrega de los nuevos trenes de alta velocidad; cómo permanece congelada, sine die y sin noticias, la conexión ferroviaria con Portugal -mientras Portugal sigue avanzando-; cómo sigue aparcado el desarrollo del Corredor Atlántico Noroeste de Mercancías -sin que tengamos ninguna noticia más allá de desprecios institucionales-; cómo las autovías de competencia estatal que atraviesan nuestro territorio (fundamentalmente la A-6) se encuentran en un deplorable estado de conservación y cómo se consuma la negativa, una vez más, del Gobierno central a la transferencia completa de la AP-9 a nuestra comunidad autónoma, aprobado, por cierto, por unanimidad en el Parlamento gallego.

Previsiblemente, los acuerdos que conocemos ayer se completarán en próximas fechas con otros igualmente desequilibrantes e injustos para Galicia, y así hasta conseguir la mayoría que busca Pedro Sánchez. Desconocemos aún el montante total de esa investidura insolidaria y asimétrica, tanto a nivel económico cómo jurídico. Pero sabemos con certeza, por lo que conocemos y por lo que intuimos, que será especialmente injusta para Galicia.

Esta desigualdad de trato no se limita a la distribución de los fondos, sino que se pretende que condicione también la aplicación del conjunto del ordenamiento jurídico. La extrema laxitud con la que se interpreta la Constitución, que se intenta amoldar para responder a las inquietudes del independentismo catalán, se transforma en férrea ortodoxia e inflexible contundencia para atacar la legislación autonómica desarrollada en el ámbito de nuestras legítimas competencias. Acabamos de verlo con la Ley del litoral recurrida con máxima rapidez y nula voluntad negociadora ante el Tribunal Constitucional.

España no puede ser una nación asimétrica. No nos convencerán de que el precio de la convivencia pasa por sacrificar la igualdad entre españoles, y por lo tanto también entre gallegos. Ninguna investidura de ningún candidato a ningún cargo público va a valer jamás tanto como eso.

La clave de la cohesión de la España actual es la solidaridad entre territorios, que es el contrario del trasvase de recursos de unos en detrimento de otros por criterios simplemente políticos y personalistas. Cuando este equilibrio se rompe, no triunfa ninguna comunidad: perdemos todas.

Galicia no asistirá con resignación y en silencio al relevo del Estado de las Autonomías tal y como lo conocemos hoy por un régimen de intereses ideológicos, partidistas y personales.

Y desde luego, es ofensivo la manera en que alguna determinada fuerza política en Galicia acepta que con cuestiones absolutamente menores y prometidas reiteradamente se pretenda compensar un pacto como el que ayer conocemos. Reclamamos un trato auténticamente equitativo y un sistema de financiación que garantice que los servicios públicos y las infraestructuras cumplan con los mismos estándares de calidad en todo el territorio nacional. Galicia va a seguir siendo leal, lo que no va a ser, en ningún caso, es sumisa.

La voz de las gallegas y los gallegos se escuchará con toda claridad, con toda contundencia y con la autoridad moral que da la unidad y el respaldo, estoy seguro, de la gran mayoría de la sociedad gallega. Esta fortaleza de las instituciones de nuestro autogobierno es lo que nos mueve. Nuestras instituciones y nuestra ciudadanía son exactamente igual de legítimas que la de las comunidades autónomas del resto de España, y por supuesto también que las de las comunidades autónomas a las que claramente se pretenden privilegiar por encima de las demás para lograr la investidura del Presidente del Gobierno. Por lo tanto, y a partir de ahora con más fuerza que nunca, defenderemos la dignidad de Galicia.