Santiago, 26 de octubre de 2023

El recurso interpuesto por la Organización de Productores Pesqueros (OPP-7) de Burela en conjunto con 16 compañías afectadas contra lo veto de la Comisión Europea a la pesca de fondo sigue su curso con la finalización de la fase escrita. La Consellería de Mar, que comparece en el procedimiento como coadyuvante de la parte demandante, vino de presentar un informe en el Consejo de Gobierno de la Xunta de Galicia en el que se detallan las acciones realizadas hasta el momento.

No documento se destaca el trabajo realizado por el gobierno gallego ante el Tribunal General de la Unión Europea (TXUE) rebatiendo los puntos con incidente técnico y científico alegados por la Comisión y el Parlamento Europeo demostrando que el palangre demersal destinado a la captura de la merluza como especie objetivo no reúne las condiciones señaladas en el Reglamento de base, al tiempo que esta modalidad de palangre no figura en la clasificación establecida sobre la protección de los ecosistemas marinos vulnerables (EMV) de alta mar frente a los efectos adversos de la utilización de artes de fondo. 

En esta línea las evidencias aportadas por las instituciones comunitarias carecen de la debida validez por sus inconsistencias al no señalar nada respeto al palangre demersal. Si bien algunas estaban referidas al impacto del arrastre de fondo, una de ellas incluso hacía una valoración positiva respeto al empleo del palangre, que es una de las modalidades de pesca más selectivas, sostenibles y respetuosas con el medio marino.

Desde la Xunta de Galicia se señala que la controvertida prohibición afecta a 87 caladeros del Atlántico Nororiental perjudicando la más de un millar de embarcaciones, lo que representa el 25% de la flota gallega, 200 de forma directa y otras 946 de artes menores de forma indirecta. En este sentido el impacto socioeconómico de esta decisión es otro de los apoyos en los alegatos presentados ante lo Alto Tribunal ya que el peso del sector pesquero en la economía gallega tiene un peso en su valor añadido bruto (VAB) 25 veces superior al de la UE y 6 veces superior al del conjunto del Estado español. Tanto es así que se trata de la principal actividad económica en un tercio de los ayuntamientos gallegos.

Finalizada esta parte del proceso en la que las partes presentaron sus argumentos y las evidencias en las que apoyan sus posturas en el litigio, el Tribunal General de la Unión Europea abrió un plazo de tres semanas para solicitar la celebración de una vista. Desde la Consellería del Mar se está trabajando en colaboración con la parte demandante en la presentación de la mencionada solicitud.