La Xunta reprochó esta mañana al Gobierno central que desde el año 2018 tan sólo había autorizado prórrogas de concesiones debidas y de las que, por consiguiente, estaba obligado a informar favorablemente.

Así lo avanzó en Pontevedra la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, que junto al conselleiro do Mar, Alfonso Villares, se reunió hoy con una quincena de representantes de empresas de la cadena mar-industria de la provincia para abordar la situación derivada del recurso anunciado por el Gobierno central contra la Lei de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia.

En concreto, la vicepresidenta lamentó que en los últimos días se hizo público que el Estado había concedido “18 o 22” concesiones de costas en Galicia desde el año 2018, pero “todas las que se dieron son prórrogas debidas” de instalaciones en dominio público marítimo-terrestre y, por lo tanto, “no quedaba otra más que dar esas prórrogas”.

Por eso, insistió en que en los últimos años “no se dio ninguna nueva concesión” en Galicia, ni siquiera, dijo, para “reposiciones de servicios mínimos que son fundamentales” en el dominio público por lo que calificó la situación de parálisis “”.

“Lo que no queremos en Galicia es que se nos engañe”, declaró la vicepresidenta, que volvió a pedir al Ejecutivo central la misma “lealtad institucional y transparencia” que ofrece la Xunta tras recordar que a día de hoy no dispone aún ni del texto del recurso ni del dictamen del Consejo de Estado en el que supuestamente se basa.

Asimismo, Ángeles Vázquez lamentó que las solicitudes recibidas desde la aprobación de la ley por parte de ayuntamientos interesados en poner en marcha servicios en el DPMT y de industrias del sector con proyectos para ampliar instalaciones o para acometer reposiciones en las ya existentes quedan ahora paralizadas ya que, con la interposición del recurso judicial, la ley “queda sin efecto”.

En este sentido, enmarcó la reunión en la inquietud generada entre el sector de la cadena mar-industria, uno de los más importantes de Galicia, por el anuncio del Estado del recurso de inconstitucionalidad contra la ley gallega. “Quieren saber en que situación nos encontramos. Y la situación es de inseguridad total y absoluta”, lamentó la vicepresidenta.

El conselleiro do Mar destacó, por su parte, la importancia del encuentro de hoy con el conjunto de la cadena mar-industria porque son los principales conocedores, como también lo es la propia Xunta, del impacto que tendrá en la actividad el recurso que el Gobierno central presentó contra la ley del litoral gallega.

Alfonso Villares volvió a poner énfasis en que la impugnación ante el Tribunal Constitucional de la norma deja totalmente “desnudo” a todo el sector en Galicia, pues queda sin efecto una cuestión fundamental que la ley ponía muy claro, “negro sobre blanco”: que el sector pesquero, marisquero, acuícola y mitícola es esencial y estratégico, prioritario siempre frente a cualquier otra iniciativa que se pueda presentar, tanto desde el sector público como desde el ámbito privado.

El titular de Mar señaló que la desprotección del conjunto de la cadena mar-industria es un problema de una enorme dimensión para Galicia, motivo por el que se va a insistir en la conveniencia de que el Gobierno del Estado rectifique su decisión, “tomada la última hora y sin hablar con nosotros”, y la ley del litoral pueda volver a estar en vigor para defender a toda Galicia y al conjunto de la actividad productiva del sector marítimo-pesquero.

En la reunión celebrada hoy en Pontevedra acudió la cúpula de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y los máximos responsables de su Comisión Mar-Industria, entre los que se encuentran representantes de empresas integradas en la Asociación Galega de Empresarios Depuradores de Moluscos (Agade), de la Unión de Asociaciones del Sector Mar-Industria Alimentario, de Anfaco-Cecopesca, de Jealsa, Congalsa, Gadisa, Pescarmar, de la Federaciones de la Construcción (Fegacons), así como de entidades financieras como el Sabadell Galego o el Banco de Santander. Por el sector del mar también estaban presentes representantes de la Cooperativa de Armadores de Pesca de Oporto de Vigo (ARVI) así como el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Galicia.