La Xunta considera que la reciente decisión del Gobierno central de recurrir ante el Tribunal Constitucional la Lei de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia paraliza la posibilidad de dotar de servicios básicos a las poblaciones asentadas en esta franja del territorio, al tiempo que pone freno a proyectos y oportunidades de desarrollo en el dominio público marítimo-terrestre.

Así lo advirtió esta tarde la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, quien convocó en la ciudad de A Coruña a todos los ayuntamientos costeros de la provincia a una reunión para abordar el recurso interpuesto la semana pasada y sus implicaciones desde el punto de vista municipal.

Acompañada por el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, y por los delegados territoriales de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, y en Ferrol, Martina Aneiros, la vicepresidenta comenzó la reunión lamentando la actitud del Ejecutivo central desde el inicio de la tramitación de la norma y enmarcó la presentación del recurso de inconstitucionalidad en esa misma línea, al tiempo que recordó que, a día de hoy, la Xunta sigue sin tener ni el texto del recurso ni el dictamen del Consejo del Estado en el que se basa.

Ante medio ciento de representantes municipales, entre alcaldes, ediles, portavoces y técnicos, Vázquez Mejuto advirtió de las consecuencias que tendrá esta decisión, especialmente para los ayuntamientos costeros gallegos, a los que deja de nuevo, según dijo, en una “situación de máxima incertidumbre”, ya que en la práctica el recurso supone la suspensión inmediata de la norma.

Esto derivará, como explicó, en la imposibilidad de llevar adelante servicios básicos y esenciales y en la pérdida de oportunidades de desarrollo en la costa, citando a modo de ejemplo dos casos en la provincia de A Coruña: el saneamiento de la parroquia de Queiruga, en el ayuntamiento de Porto do Son, al que se niega el Estado, o el proyecto para reconvertir una antigua vivienda en Camariñas a uso turístico, cuya licencia fue también denegada.

En este sentido, contrapuso el modelo que promueve el Ejecutivo central de exclusión “de la actividad económica y social” de la franja costera con la gestión integrada que propone la Xunta y que inspiró la redacción de la ley del litoral autonómica. “Es una ley por y para Galicia, en la defensa de nuestros derechos”, declaró la vicepresidenta, para quién con este recurso se vuelve a la situación de partida, en referencia a la pretensión del Gobierno central de dejar “la costa libre de todo vestigio humano”.

Además, recordó que la Xunta, como administración que conoce su costa “desde todas las perspectivas, social, económica y ambiental”, definió 6 actividades estratégicas para el litoral con el fin de ofrecer la seguridad jurídica que necesitan. Por eso, defendió la visión gallega de la costa y aseguró que esta ley podrá servir de base para otras normas.

Por su parte, Alfonso Villares puso el énfasis sobre el impacto que la arbitraria decisión del Gobierno puede tener en el futuro de todas las gallegas y gallegos que viven del mar, recordando que la norma autonómica fue gestada con muchísima información y formación para aportar certezas. Que el recurso llegara “al ultimo día y a la última hora” es una prueba más del desinterés de la cadena mar-industria. “No tiene sentido ninguno”, recalcó.

La ley gallega, recordó el conselleiro, reconoce el uso pesquero, marisquero y acuícola como estratégico y prioritario para el desarrollo sostenible del litoral, garantizando el acceso y la permanencia de las embarcaciones gallegas a los caladeros cuya regulación sea de competencia autonómica. “Que se impugne demuestra que al Gobierno del Estado le molesta también esa defensa que nosotros queremos hacer de nuestros caladeros de pesca”, aseguró Alfonso Villares. Al mismo tiempo, denunció la paralización de iniciativas que crearían nuevos empleos en el sector por la incertidumbre generada.

La arbitraria impugnación por parte del Ejecutivo central en funciones que paraliza la legislación gallega deja indefenso al sector, según el titular de Mar, frente a cualquier proyecto que venga impuesto de fuera amparado en decisiones no dialogadas con los profesionales de la actividad marítimo-pesquera, como puede ser la eólica marina.

El conselleiro do Mar señaló que en las reuniones que se están manteniendo y que se mantendrán con todos los agentes implicados “veremos que medidas se pueden tomar para defender nuestro litoral y a nuestro sector mar-industria, pues el futuro de muchos puestos de trabajo quedaron ahora colgados arriba de la mesa, y eso no podemos permitirlo”.