La Xunta realizará en octubre una nueva inspección a la mina de San Finx para verificar si la empresa cumple con su deber de ejecución de la depuradora.

Así lo trasladó hoy en el Parlamento de Galicia la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, en respuesta a una pregunta sobre las actuaciones de seguimiento de la gestión de las aguas residuales generadas en estas instalaciones, situadas en el ayuntamiento de Lousame.

Vázquez Mourelle avanzó que, en el caso de constatar la reiteración del incumplimiento de las condiciones de vertido establecidas, se iniciará el procedimiento para hacer efectiva la revocación de la autorización para la depuradora.

La conselleira incidió en el cumplimiento estricto de la legislación por parte de Augas de Galicia en la tramitación de todas las solicitudes de autorización recibidas, denegándose las que no la cumplen, como fue el caso de la mina de Varilongo, en Santa Comba.

La conselleira reiteró que en el caso de la mina de San Finx la Xunta autorizó la instalación de una depuradora para tratar las aguas procedentes de una mina y garantizar así que lo que se vierta al río Pesqueiras y al riachuelo de Rabaceiros y, en consecuencia a la ría de Muros y Noia, cumple con los parámetros exigidos por la normativa vigente.

Destacó la labor de control que realiza la Xunta de manera continua, que permitió detectar valores superiores a los permitidos en varios parámetros en el entorno de la mina, lo que motivó la apertura de un expediente sancionador a la empresa Tungsten San Finx, S.L.

Este expediente, según dijo Vázquez Mourelle, puede acabar, de incumplirse las condiciones establecidas, en una multa y en la revocación de la autorización para la ejecución de la depuradora.

Ethel Vázquez recordó que la autorización provisional está condicionada al cumplimiento de 18 requisitos y a la atención estricta de las normas hidrológicas y de calidad ambiental.

Explicó que para garantizar que las aguas que se vierten al dominio público hidráulico se ajustan a lo establecido por ley, se obliga a la empresa a poner en funcionamiento una planta depuradora que trate adecuadamente esas aguas, siempre bajo los requisitos establecidos.