El director xeral de Xustiza, José Tronchoni, destacó hoy en el Parlamento de Galicia el compromiso de la Xunta con el servicio de asistencia jurídica gratuita con un incremento en los últimos años en un 25 % hasta los 13 millones de euros. Solo en el último año -indicó- el aumento es de casi el 19 %, por encima de comunidades como Andalucía, Valencia, País Vasco, Asturias o La Rioja.

Así, incidió en que, según el último informe del Observatorio de Xustiza Gratuita correspondiente a 2022, la comunidad gallega es una de las que mejor retribuye los profesionales del turno de oficio conforme al baremo consensuado en 2021 con el Consello Galego da Abogacía y el Consello Galego dos Procuradores y vigente hasta 2025.

De este modo, se aumentaron las compensaciones económicas que perciben los profesionales del turno de oficio, en concreto en un 15 % de promedio en los baremos a colegios de abogados y de procuradores de la comunidad por atender este servicio.

El Gobierno gallego viene introduciendo en los últimos años incrementos en las compensaciones y mejoras en la gestión del servicio de asistencia jurídica gratuita, fundamental para garantizar la igualdad de condiciones de toda la ciudadanía en el acceso a la Justicia. Por eso, tal y como aseguró el director xeral de Xustiza, Galicia es una comunidad que paga pronto y puntualmente las certificaciones remitidas por estos entes colegiales.

A estas cuantías se suman más de 810.200 euros destinados el año pasado a los gastos de funcionamiento e infraestructura de este servicio, lo que supone una subida del 3 %.

En su intervención, José Tronchoni recordó que la Xunta también colabora con el Consello da Abogacía Galega en la compensación de los costes de la asistencia jurídica gratuita por requerimiento judicial a los letrados designados en virtud de requerimiento judicial cuando no exista un reconocimiento expreso del derecho de asistencia gratuita. En concreto, con 200.000 euros para la cobertura económica de las asistencias letradas en un procedimiento penitenciario cuando las personas físicas o jurídicas defendidas reúnan ciertos requisitos, como haber denegado el derecho de asistencia jurídica gratuita por diferentes causas, como defectos de forma en la solicitud, o por carecer de recursos o de patrimonio, entre otros.

También puso en valor las actuaciones realizadas a favor de las personas en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, el convenio entre la Vicepresidencia Primeira y la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade con el Consello da Abogacía Galega por importe de 159.860 euros con el objetivo de desarrollar acciones de atención profesional a víctimas de violencia sexual en el marco del Pacto del Estado contra la violencia de género, de manera que disponga de un profesional especializado en delitos contra la libertad sexual que la asista en relación con la denuncia.

Otro de los acuerdos previstos contempla la cobertura económica en las asistencias letradas a personas menores de edad en el ámbito de la lucha contra la violencia y de la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la prestación de la formación especializada en esta materia. Este derecho se extiende a personas reconocidas legalmente en situación de especial vulnerabilidad.

Por eso, el director xeral de Xustiza hizo hincapié en la importancia de la atención jurídica especializada que sitúa a la comunidad gallega como pionera en el acompañamiento inicial a víctimas especialmente vulnerables, mujeres víctimas de violencia sexual y menores víctimas de delitos de violencia.