La nueva Ley de ordenación y gestión integrada del litoral garantizador a seguridad jurídica necesaria para que el Ayuntamiento de Cambados pueda seguir adelante con el Plan especial de ordenación para el puerto de Tragove y San Tomé, un instrumento que comenzó a tramitar en el año 2014 y que pese al interés estratégico que tiene para el municipio y el tejido empresarial no logró aprobar aún debido a las trabas recibidas por parte del Gobierno del Estado.

Un mes después de la entrada en vigor de la nueva ley del litoral gallega, la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, y el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, visitaron esta mañana Mariscos Linamar, del grupo Angulas Aguinaga, para garantizar que con el actual marco normativo el desarrollo previsto para la zona portuaria cambadesa es posible y tiene amparo legal.

Tras explicar que esta empresa es una de las principales afectadas por el bloqueo del Plan especial ya que cuenta con un proyecto estratégico para sus instalaciones en Tragove que no puede ejecutar, la vicepresidenta segunda destacó que frente a las interpretaciones restrictivas de la Ley de costas que lleva años haciendo el Gobierno del Estado, la normativa gallega regula de forma clara y objetiva las actividades y usos estratégicos que por su función pueden ocupar el dominio público marítimo-terrestre (DPMT).

En concreto, Ángeles Vázquez destacó dentro de este grupo a las empresas de la cadena mar-industria y a las instalaciones que les dan servicio por lo que emplazó al Ayuntamiento de Cambados a retomar la tramitación del plan diseñado para desarrollar la zona portuaria con la tranquilidad de que “con la nueva ley ya no hay obstáculos” para su aprobación.

En este sentido, la vicepresidenta recordó que el año pasado Costas emitió un informe desfavorable sobre las depuradoras de marisco localizadas en el espacio portuario cambadés con el argumento de que no es un uso necesario para el puerto y que, por consiguiente, deben localizarse fuera del DPMT una vez finalizadas las concesiones.

Según explicó, esta interpretación por parte del organismo estatal no tiene cabida ya tras la aprobación de la Ley del litoral gallega, en la que se recoge claramente que los establecimientos de la cadena mar-industria pueden ocupar terrenos del dominio público “cuando requieran de la captación y retorno del agua del mar para el desarrollo de sus procesos productivos”, como es el caso, por ejemplo, de una depuradora de marisco.

El conselleiro do Mar, por su parte, destacó que la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral pretende aportar seguridad jurídica a las empresas del sector ejerciendo las competencias que tiene la comunidad en este ámbito. Esta norma, añadió, dará a empresas como Mariscos Linamar la estabilidad que precisan para desarrollar su actividad, sin trabas injustificadas y ejerciendo como hasta ahora su papel de eslabón esencial de la cadena mar-industria, conectando el sector productor con el comercializador.

Alfonso Villares aseguró que la nueva regulación va a acabar con los temores del sector sobre su futuro y la arbitraria interpretación de la normativa de costas que estaba haciendo el Gobierno central, poniendo en riesgo la continuidad de empresas que han demostrado su compromiso con el medio ambiente y con el territorio. Empresas como Mariscos Linamar, añadió, tienen difícil realizar su actividad lejos de la costa, por lo que su expulsión de la localización actual supondría la pérdida de riqueza y la destrucción de empleos en su entorno.