La Xunta subrayó hoy que la nueva Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia garantizador y facilita el acceso a servicios básicos y esenciales, como puede ser el saneamiento, a las poblaciones asentadas en núcleos costeros tradicionales y que, hasta ahora, veían restringido este derecho por la interpretación restrictiva de la Ley de costas por parte del Estado.

Así se lo trasladó esta mañana a vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, la una decena de vecinos de Porto do Son, que viven a un lado de la playa de Queiruga y llevan años reclamando la conexión de sus casas a la red de saneamiento que da servicio al municipio para no tener que depender de pozos negros particulares para gestionar sus aguas residuales.

Tras recordar que la ley fue publicada ayer en el Diario Oficial de Galicia y entrará en vigor el 2 de agosto, a vicepresidente segunda explicó que en esta nueva norma la Xunta marcó una serie de usos estratégicos y prioritarios con encaje en el dominio público marítimo-terrestre y también en zona de servidumbre, categoría en la que enmarcó, precisamente, los servicios de saneamiento y de agua potable en los núcleos tradicionales costeros ya que resultan indispensables para garantizar la calidad de vida del vecindario.

Frente a esta visión de la Xunta, Ángeles Vázquez lamentó que en los últimos años son “múltiples los casos a lo largo de toda la costa gallega” en los que las actuaciones necesarias para garantizar este tipo de servicios se encuentran con las trabas de Costas del Estado.

En este sentido, explicó que el Gobierno central, a partir de una “interpretación excesivamente restrictiva, sin ninguna lógica y no amparada en ningún estudio científico”, acaba oponiéndose “reiteradamente” la este tipo de actuaciones con el argumento de que hay que buscar “otra localización”.

“Galicia no va a vivir de espaldas al mar, Galicia vive frente al mar”, declaró Vázquez Mejuto, que añadió que la nueva ley responde a una visión “idilizada” e “impuesta desde Madrid” del litoral que no se ajusta a la realidad gallega y garantizadora a "protección" de la costa ofreciendo también, a la vez, el “equilibrio” necesario para seguir manteniendo las actividades económicas históricamente ligadas la estas zonas y su vida social.